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Investigación

Europa pide los contratos de Taula que recibieron ayudas

La Oficina de Lucha contra el Fraude espera la documentación judicial para abrir una investigación sobre los fondos europeos

Europa pide los contratos de Taula que recibieron ayudas

La Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha reclamado al Juzgado de Instrucción 18 que investiga el caso Taula la relación completa de los contratos bajo sospecha para examinar si recibieron fondos europeos. La institución europea ya reclamó esta información el 31 de marzo de 2016, tras desvelar la Conselleria de Educación los sobrecostes en la construcción de colegios públicos, detectados en un informe de la Intervención de la Generalitat. La empresa pública Ciegsa, controlada por su consejero delegado investigado en Taula, Máximo Caturla, adjudicó al menos ocho institutos y colegios a dos de las seis constructoras cuyos presidentes investigadas por la trama de presunto cobro de comisiones y financiación ilegal del PP.

En Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia, también se podrían haber defraudado fondos europeos en contratos de obra pública y en los contratos zombis de esta mercantil, según la documentación que consta en el sumario.

Sin embargo toda esta información no se pudo remitir a la OLAF porque en marzo de 2016 las piezas separadas que investigaban todos estos hechos aún se encontraban bajo secreto de sumario, por lo que el juzgado de Instrucción 18 de Valencia comunicó a la oficina europea que comunicaría la información reclamada cuando la causa fuera pública para las partes y, para ello, ya se habían acordado diligencias tendentes a facilitar los datos solicitados.

Ahora el servicio nacional de coordinación antifraude del Ministerio de Hacienda ha vuelto a remitir un «recordatorio» de la solicitud de información sobre las «comisiones del 3 % de la Operación Taula» realizada por la OLAF en marzo de 2016. Este servicio del ministerio que dirige Cristobal Montoro ejerce de apoyo y colaboración en las investigaciones que realiza la OLAF en España.

Sobre el caso Taula, a la Oficina europea de lucha contra el fraude le alarmaron sobre todo los «supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los distintos niveles de la administración pública de la Comunitat Valenciana y que podrían haber estado cofinanciados por fondos comunitarios» por lo que requirió la documentación al juzgado para determinar «el alcalde del posible fraude al presupuesto comunitario».

Mientras tanto, la OLAF no ha perdido el tiempo ya que ha recabado información de los fondos destinados a las instituciones valencianas investigadas, por lo que sólo estaría pendiente de recibir los datos solicitados al juzgado de Caso Taula para decidir si se abre «una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses de la Unión Europea», según un escrito del servicio nacional de coordinación antifraude del Ministerio de Hacienda.

La OLAF ya investiga junto a un juzgado valenciano las «presuntas irregularidades y fraude», y «debilidades en el sistema de gestión y control» en los 150.000 euros aportados por los Fondos Ruralter-Leader de 2010 a 2015 para tres proyectos y actuaciones: el Espai Jove de Chiva, valorado en 295.000 euros; instrumentos y mobiliario del centro de interpretación musical de Siete Aguas financiados con 28.000 euros; y facturas por valor de 97.721 euros de los gastos de funcionamiento del Grupo de Acción Local (GAL) formado por instituciones y entidades de la Hoya de Buñol-Chiva y de la Plana de Utiel-Requena, tal como adelantó Levante-EMV.

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