El diputado autonómico del PSPV Vicent Arqués, alcalde de l´Alfàs del Pi, tendrá que comparecer mañana ante un juez de Benidorm en calidad de investigado, junto a una concejal socialista de ese municipio, en el marco de una investigación abierta por el pago presuntamente con dinero público del funeral de un funcionario al que se le habría expedido un certificado de indigencia para que el consistorio corriera con los gastos.

Según el PP, el consistorio pagó el sepelio, tanatorio y coronas florales con un expediente de indigencia falseado. Los investigados tenían que haber prestado declaración ante el magistrado el pasado 25 de enero pero se suspendió la comparecencia por enfermedad de su letrado. En caso de su defensor siga de baja, el juez les indica que tendrán que designar un nuevo abogado puesto que no se volverá a suspender la declaración por la falta de asistencia.

Los populares aseguran que fue un vecino el que denunció a Arqués y a la concejal María García, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, pero el alcalde aseguró ayer a Levante-EMV que en el año electoral recibió seis denuncias diferentes de los populares, de los que cuatro ya se han archivado.

También hay activa una denuncia por el uso de medios materiales y personales de titularidad pública para uso privado y del partido socialista. La citación, efectuada en primera instancia el pasado 10 de enero, llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya vuelto a trasladar al juzgado de instrucción nº 1 de Benidorm la tramitación ordinaria de la causa, al declararse falto de competencia para continuar la instrucción, pese a que el alcalde es diputado autonómico y por tanto tendría la condición de aforado.

El propio Arqués aseguró ayer a este diario que acudirá a declarar al juzgado de Benidorm, aunque está convencido de que la causa se archivará porque los gastos del sepelio los abonó la familia del fallecido y el ayuntamiento sólo envió una corona porque se trataba de un funcionario.

Arqués niega que se haya falseado un certificado de indigencia. Según asegura el alcalde, el TSJ ha enviado un informe al juez y está convencido de que el asunto no tiene recorrido judicial.

De hecho, el grupo parlamentario descarta tomas medidas según sostiene el diputado autonómico socialista.