Un fiscal chileno ha solicitado a España antecedentes de tres empresas implicadas en la investigación del conocido como el «cártel del fuego» por pactar los precios del servicio de extinción de incendios y, supuestamente, sobornar a políticos y funcionarios para conseguir contratos y lograr un trato preferente en la prestación de este servicio. Las tres empresas sobre las que Chile ha solicitado información son las actuales adjudicatarias del contrato de los aviones de extinción de incendios, adjudicado recientemente por la Generalitat. «Estamos recogiendo evidencias en las compañías Faasa Aviación, Inaer Helicópteros y Martínez Ridao, ya que la semana anterior se realizaron diligencias en algunas reparticiones», indicó el fiscal Andrés Montes, quien está a cargo de esta investigación en el país suramericanos. Precisamente estas tres empresas trabajaron en Chile durante los graves incendios que afectaron hace unas semanas el centro y sur de la nación austral.

El fiscal añade que «es una investigación en la cual ya se ha planteado un requerimiento de asistencia internacional, donde hay una serie de antecedentes que han sido recopilados hasta ahora en España, y nos interesa tener todos estos antecedentes con el objeto de continuar la investigación». El pasado 15 de diciembre el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt que investiga el «cártel del fuego» se inhibió a favor de la Audiencia Nacional en la pieza 1 que investiga a una treintena de empresarios por una treintena de empresarios que actuaba en seis autonomías y cuatro países (Italia, Francia, Portugal y Chile) para repartirse el mercado, pactar los precios de los aviones de extinción de incendios forestales y perpetrar un presunto fraude que podría superar ampliamente los cien millones de euros, según las primeras estimaciones.

Al respecto, el fiscal Montes asegura que «lo que está haciendo España es juzgar hechos que ocurrieron en España. Hay ciertas normas que entregan competencia a la fiscalía chilena para investigar hechos que ocurren fuera de Chile. Y ésa es una cuestión que vamos a analizar, pero para eso requerimos más antecedentes y tener mayor claridad», recalcó. El pasado 9 de febrero, el Gobierno de Chile negó haber sido víctima de un fraude por estas tres empresas españolas. «En Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país», afirmó la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez.

El Ejecutivo salió así al paso de la denuncia del senador opositor Manuel José Ossandón, quien solicitó a la Contraloría General de la República que investigue la denuncia que relaciona a empresas que operan en la lucha contra incendios y que son investigadas en España por cohecho y fraude, entre otros delitos.