La implantación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana no será pacífica a pesar del acuerdo alcanzado en el seno del bipartito (y con el visto bueno de Podemos) para su regulación en la nueva ley sobre el empleo público. Por lo pronto, PP y CSIF mostraron ayer su rechazo a que el conocimiento del valenciano sea obligatorio para acceder a una plaza de funcionario y defienden que sea, como hasta ahora, un mérito. Ambas formaciones, sobre todo el PP, están valorando llevar la ley a los tribunales, si se aprueba en los términos en los que fue presentada ayer .

Pero las resistencias a una ley que ayer Compromís calificó de «histórica» no sólo vienen del ámbito político. Tampoco la pretendida paz sindical es tal. La FSP-UGT y Comisiones Obreras han optado por digerir en silencio un texto que no acaba de convencerles, pero otros sindicatos, como el CSIF, que ha quedado fuera de las negociaciones (fue incluso expulsado de la reunión con Bravo al ser convocado por error) ya ha avanzado su rechazo. Entiende que rompe la igualdad de oportunidades y está esperando a tener oficialmente el proyecto de ley para estudiar si cabe recurrirlo.

Con todo, el verdadero quebradero de cabeza para el Consell puede venir del mundo sanitario, un sector que, en principio, también tendría que demostrar su competencia lingüística, aunque la ley recoge situaciones en las que podría hacerse una excepción. Esta cláusula, además de despertar muchas dudas jurídicas, no convence al Sindicato Médico CESM-CV que ayer calificó de «insensatez» y de «suicidio político» la «pretensión del imponer el conocimiento del valenciano a todos los profesionales sanitarios». El sindicato, mayoritario en este ámbito, no confía en la disposición de la ley que habla de poder hacer una excepción con los sanitarios ya que, remachan, es un «sin sentido»: «Si es obligatorio lo es siempre y no sólo cuando al político de turno se le ocurra que no le causaproblema». De hecho, según las fuentes consultadas la idea es aplicarla sólo para cuando la conselleria quiera contar con profesionales de prestigio de fuera de la Comunitat. El sindicato anunció acciones contundentes y llama a la movilización de todo el personal.

Por su parte, Escola Valenciana valora la ley pero quiere que el requisito quede más blindado.