El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado a la consejería de Salud de la región a indemnizar a los padres de una niña de Gijón, Andrea, con 137.813 euros por «mala praxis» después de que la joven -que sufría de asma- muriera tras recibir la segunda dosis de la vacuna del virus del papiloma. La sentencia, no pone en cuestión el que se inocule de forma generaliza a las jóvenes para prevenir el cáncer de cuello de útero pero sí entiende que la administración sanitaria no debe de relajar su «deber de vigilancia» ante las «reacciones adversas que puede provocar su aplicación». La joven, que sufría de asma bronquial, tuvo una crisis tras recibir la primera dosis. Fue atendida en dos hospitales pero no se detectó la relación por lo que en agosto recibió la segunda que le provocó una nueva crisis, más virulenta que acabó en muerte. El fallo del tribunal asturiano ha dado nuevas esperanzas a la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma presidida por la valenciana Alicia Capilla y radicada en València aunque con actividad en toda España.

Estudio epidemiológico

Capilla aplaudió la resolución judicial aunque lamentó que el reconocimiento de que existiera un nexo de causalidad haya tenido que llegar de los tribunales y no de las administraciones sanitarias «que siguen negándose a realizar un estudio epidemiológico en condiciones», aseguró ayer.

Según la presidenta, la Agencia Española del Medicamento tiene registradas hasta el momento hasta 3.433 notificaciones por efectos adversos de la vacuna del papiloma -que entra dentro del calendario vacunal para las jóvenes valencianas de 12 años-. «Se trata de 1.145 casos notificadas en los que el 48 % se han comunicado efectos adversos graves», insiste la presidenta. La asociación está reuniendo firmas para presentarlas al Ministerio de Sanidad y reclamar que la vacuna deje de ser obligatoria.