El Consell que preside Ximo Puig quiere dar la batalla en la recuperación del dinero presuntamente defraudado a las arcas públicas en los diferentes casos de corrupción, algunos con sentencia, otros en camino y varios más en espera de juicio. En total, el Consell cree que puede recuperar unos 55 millones de euros.

La dirección general de relaciones con las Corts que dirige Antonio Torres tiene encomendada la función de dirigir y coordinar las actuaciones encaminadas a recuperar estos recursos.

De momento, el Consell únicamente ha podido recuperar 420.000 euros del primer juicio del caso Cooperación, que acabó con el exconseller Rafael Blasco en prisión, aunque la Generalitat podría reingresar hasta 1,6 millones. Pero hay otros casos en los que el Consell confía en meter mano a excargos públicos condenados, como la exconsellera Milagrosa Martínez, o a los cabecillas de la trama Gürtel, condenados a devolver 270.000 euros por los amaños de los contratos de Fitur.

También confía en recaudar cantidades millonarias en Emarsa, hasta 23 millones, y otros 24 por Valmor, la empresa gestora de la Fórmula 1 que el Consell adquirió pese a las deudas arrastradas.

Además, la intención del Consell es exigir el cobro de cantidades que antes se pasaban por alto. Fuentes consultadas ponen como ejemplo una deuda de 500.000 euros que la Diputación de Castelló mantiene con la Generalitat por los torneos de golf de la era Carlos Fabra y prevé incluso una reclamación judicial. Es el caso también de las empresas que ocupan terrenos anexos a Terra Mítica, como Terra Natura, un hotel o un campo de golf, que pagaban el canon de ocupación con entradas o noches de hotel.

En la actualidad la Abogacía de la Generalitat cuenta con 50 miembros, pero la intención del Consell es recurrir a despachos de abogados especializados en cuestiones como el alzamiento de bienes que el actual gobierno cree que se han producido en algunos casos. El presidente Puig anunció ayer en las Corts tras una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri, la ofensiva para incautar bienes de condenados, incluso cuando intentan ocultarlos. Puig aseguró que el objetivo del Consell es recuperar hasta el último euro de los valencianos y levantar la actual hipoteca reputacional.