El problema llegó poco después. El Gobierno fue aprobando distintas medidas de forma progresiva y metió la tijera. De acuerdo con un prolijo estudio elaborado por el diputado de Compromís en el Congreso Ignasi Candela, el Ejecutivo central ha sacado adelante hasta 12 leyes o decretos desde 2010 que ponen todo tipo de trabas al impulso de energías renovables y limpias. Recortes en las retribuciones, peajes de acceso a las redes de transporte, obligación de cofinanciar el déficit de tarifa, se forzó a devolver subvenciones... e incluso se instauró el conocido como impuesto al sol.
En total, y de acuerdo con los datos recopilados por Candela, alrededor de 45.000 valencianos se han visto golpeados de lleno por esas reformas eléctricas aprobadas en Madrid. En la Comunitat Valenciana hay instalados 349.000 kw de potencia en un total de 5.559 recintos de energías renovables. Y cada uno de ellos cuenta, de media, con al menos un par de inversores o familias.
Con el objetivo de cumplir la normativa europea 20/20, Compromís está liderando un gran acuerdo en el Congreso que además serviría para romper el «oligopolio eléctrico» que existe en España. El grupo parlamentario de la coalición valenciana ya ha mantenido reuniones con el PSOE, Ciudadanos (C's), Unidos Podemos y UPN, y hoy por hoy existen «muchas posibilidades» de que la propuesta salga adelante, según detalla el diputado.
En concreto, Compromís pretende presentar una proposición de ley en la que defiende un cambio normativo que dote de seguridad jurídica a todo aquel que haya invertido o decida invertir en energía fotovoltaica. «Un sistema con este grado de incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametralmente opuesto a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», se explicita en la propuesta que Candela defenderá en Madrid.
