La negativa de los imputados del caso Blasco a pagar el dinero saqueado con el desvío de las ayudas a la cooperación, que aún se investiga en dos piezas separadas ha frustrado por segunda vez un principio de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, al que también había dado el visto bueno la Abogacía de la Generalitat, según confirman a Levante-EMV fuentes de las defensas.
El empresario y mano derecha del exconseller Rafael Blasco, Augusto César Tauroni, ambos en prisión por la primera pieza juzgada sobre estos hechos, también ha anulado su comparecencia de mañana. Tauroni iba a declarar a petición propia para «colaborar con la justicia», según había trascendido, aunque su letrado presentó ayer un escrito ante el Juzgado de Instrucción 21 para dejar sin efecto su comparecencia.
El paso dado por el empresario también presagiaba un posible acuerdo con las acusaciones del «alter ego» del siete veces conseller, pero la nueva ruptura del intento de conformidad para que los acusados reconocieran los hechos ha dado al traste, por ahora, con el arrepentimiento de los acusados que quedan por juzgar en el caso Blasco.
Tauroni alega para suspender su comparecencia el rastreo que la policía debe hacer del ordenador que usó en la cárcel para acceder a internet de forma fraudulenta, después que la Audiencia de Valencia diera la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ordenara a la jueza practicar esta diligencia.
En las dos piezas separadas que permanecen abiertas, y que están en la recta final de su instrucción, hay un total de 35 imputados, con el exconseller Rafael Blasco al frente junto al resto de sus más estrechos colaboradores.
La pieza separada número 2 investiga las subvenciones de la Conselleria de Solidaridad a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. En ella hay 23 imputados por cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones. La pieza separada número 3 investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, que no se materializó, y por la que hay 12 imputados.
Un elevado número de investigados secundarios en ambas piezas habría aceptado admitir los hechos a cambio de obtener una rebaja considerable de la condena (se barajaba una horquilla de dos años a seis meses de cárcel, según los casos y el nivel de implicación en esta causa de corrupción). Aunque la condición «sine qua non» era que admitieran el dinero saqueado a costa de las ayudas a la cooperación en las dos investigaciones que aún siguen abiertas. La conformidad habría permitido a los acusados esquivar la cárcel y, de haber fructificado, recuperar el dinero saqueado que supera los tres millones de euros. También habría abierto una grieta en la férrea defensa de los acusados que, hasta ahora, siempre han negado los hechos, a pesar de que en la primera pieza del Caso Blasco el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya condenó al exconseller, a cuatro de sus más fieles colaboradores y a dos miembros de la Fundación Cyes por el desvío de las ayudas a Nicaragua, que nunca llegaron completamente a su destino.
Ha sido precisamente el pago de las responsabilidades civiles exigidas por las acusaciones lo que ha provocado un enfrentamiento entre las defensas (por la cuantía económica que debía asumir cada investigado), lo que ha dado al traste con el principio de acuerdo.
Blasco amenazó con que solo le podrían embargar la pensión
El siete veces conseller con cuatro presidentes de la Generalitat, Rafael Blasco, jubilado y residente en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent, ofreció a las acusaciones que lleva su apellido, la posibilidad de admitir algunos delitos y poner «algo de dinero» para compensar el saqueo de los fondos públicos de las ayudas a la Cooperación. La negociación pasaba porque la acusaciones rebajaran sus peticiones de penas de cárcel y de responsabilidad civil por el desvío de fondos para construir un hospital en Haití (que nunca se construyó) o de ayudas previstas para Perú, Guinea y Tailandia que nunca llegaron a sus legales destinatarios. En el caso de que no se llegara a un acuerdo, el ex conseller advirtió a las acusaciones de que sólo podrían embargarle su pensión de jubilado. Blasco cumplió el pasado 9 de febrero los 72 años. Lleva en prisión desde el 15 de junio de 2015 para cumplir seis años y medio de cárcel
