La Conselleria de Obras Públicas y Transporte asegura que no tiene constancia de la venta de licencias de vehículos de alquiler con chófer (VTC). Los taxistas, que lamentan el mal uso de algunas de estas autorizaciones que deberían ofrecer servicios diferentes pero en la práctica sienten que les hacen «competencia desleal», aseguran que algunas empresas «fantasma» venden sus licencias. Los precios, en anuncios a los que se puede llegar fácilmente en internet, alcanzan los 70.000 euros en varios puntos de España. Los taxistas denuncian que son «estafas» que acaban arruinando a parados que buscaron una vía para salir del desempleo.
No obstante, la conselleria afirma que según lo que han constatado «no parece existir ese tráfico generalizado de autorizaciones VTC». En todo caso, «si esas transmisiones generan pagos entre las partes, es algo ajeno a la Conselleria», matizan, a pesar de que asociaciones como Uniatramc, esperan una actuación, como publicó ayer Levante-EMV.
La Generalitat Valenciana incide en que la normativa que regula las VTC es «competencia del Estado» y que la conselleria que encabeza María José Salvador «se limita a ejecutar esa normativa». Por tanto, «cualquier modificación normativa que, en su caso, se produzca en relación con la problemática que plantea esta pregunta, correspondería al Estado», explican desde la conselleria.
Cambios legales
La regulación actual limita el número de coches de alquiler con conductor a uno por cada treinta. Según esto, en la Comunitat Valenciana debería haber 147, pero si se ejecutan las que están pendientes por motivos burocráticos o por una sentencia judicial, habrá hasta 450. Además, aún hay más de 1.200 litigios pendientes en los tribunales, por lo que la cifra podría aumentar hasta las 1.979 (siempre que los demandantes soliciten su ejecución).
Los recursos contenciosos que se plantean ante los tribunales son consecuencia de «modificaciones» legales. La conselleria apunta que los cambios que introdujo la ley «Omnibus» -aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009- , fueron «aprovechados por las empresas para solicitar nuevas autorizaciones». La norma de Zapatero liberalizaba en buena medida el sector. Más tarde, en 2015, Mariano Rajoy elaboró un real decreto que moviliza la Ley de Ordenación de los Transportes (LOTT) y limita, de nuevo, el número de vehículos. «Las distintas interpretaciones de esos cambios legales y su alcance son los que han originado la litigiosidad», apuntan desde el Consell.
Una de las beneficiarias
Una de las últimas empresas que ha ganado un litigio a la Generalitat es Ares Capital. El Tribunal Superior de Justicia le concedió en enero 200 licencias en la Comunitat Valenciana, aunque este diario ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, saber si la firma tiene o no intención de pedir la ejecución de la sentencia.
La empresa (que trabaja bajo la marca Aero City y Ares Mobile), creada en 1992 y con sede en Madrid, ofrece desde el verano pasado sus servicios en el aeropuerto de El Altet y en punto de la Costa Blanca como l aVila Joiosa, Benidorm, Calp, Xàbia o Dénia. También tiene presencia en Andalucía, Cantabria, Asturias y País Vasco.
Ofrece traslados y transporte privado las 24 horas del día, desde el aeropuerto u otras ubicaciones, en «vehículos amplios», con «conductores profesionales» y «puerta a puerta». Aseguran, con «tarifas muy competitivas».
En 2015, la empresa estaba a nombre de los hermanos Juan María y Ramón Ortiguela (el 50 % cada uno), contaba con 110 empleados y obtuvo 3,6 millones de facturación y unos beneficios de 25.000 euros.
