El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las comunidades autónomas para los dos primeros trimestres de 2017 un total de 11.935,8 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las comunidades autónomas y entidades locales, de los que 1.978,95 millones los recibirá la Comunitat Valenciana.

De los 11.935,8 millones, 1.659,52 millones corresponden a Facilidad Financiera (FF) y 10.276,28 millones al compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los recursos previstos para el primer trimestre del año ascienden a 7.053,13 millones para atender las necesidades de financiación de las CCAA adheridas, de los que 5.948,12 millones corresponden al FLA y 1.105,01 millones al Fondo de Facilidad Financiera.

La cantidad prevista para el segundo trimestre es de 4.882,67 millones de euros para atender las necesidades del segundo trimestre. De estos, 4.328,16 millones de euros corresponden al FLA y 554,51 millones al compartimento de Facilidad Financiera.

El importe total de 11.935,8 millones se repartirá, de más a menos, para las CCAA de Cataluña (3.598,21 millones), el 30% del total; Andalucía (2.238,56 millones), Comunitat Valenciana (1.978,95 millones), Galicia (1.191,91 millones); Castilla-La Mancha (654,79 millones); Baleares (499,63 millones); Murcia (469,18 millones); Canarias (467,61 millones); Aragón (264,06 millones); Cantabria (221,62 millones); Asturias (208,09 millones) y Extremadura (143,19 millones).

Según ha explicado Méndez de Vigo, la CDGAE ha adoptado un nuevo paquete de condiciones adicionales para poder acceder a la financiación a través del FLA en 2017 y que tienen que ver con la unidad de mercado, la Administración digital y el empleo público.

Algunas de estas medidas ya fueron objeto de impulso en el Acuerdo de la CDGAE del pasado 31 de marzo de 2016, que incluyó como condicionalidad, entre otros, la adhesión al Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y Sanitario, la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria, la conexión de los registros contables con la plataforma de factura electrónica (FACe).

Se trataban de condiciones específicas en relación al acuerdo de no disponibilidad en aplicación del artículo 25 de la LOEPSF, y también se incluía la firma del convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica. Hasta la fecha, todas las comunidades autónomas adheridas han cumplidos esas condiciones.

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