El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra acordó por decreto hace justo un año, el 4 de marzo de 2016, asumir la coordinación de las políticas de turismo y deporte de las tres diputaciones. Aunque primero había anunciado una ley de coordinación de las diputaciones para ir vaciando de contenido unas instituciones marcadas en el pasado reciente por el despilfarro, la corrupción y la ausencia de control en el gasto, optó por la fórmula del decreto por su tramitación más rápida.
Sin embargo, la solución se ha convertido finalmente en un problema, ya que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha estimado el recurso de la Diputación de Castelló y ha anulado los dos decretos (uno sobre turismo y otro sobre deporte).
Mientras la corporación provincial valenciana -gobernada por cuatro partidos de la izquierda- aceptó y aplaudió la medida de la Generalitat, las de Castelló y Alicante, en manos del PP, plantaron cara a la iniciativa del Gobierno autonómico al considerarla un intento de «liquidar» las diputaciones.
El TSJ da ahora la razón a los presidentes provinciales de Castelló y Alicante (la sentencia difundida ayer es la correspondiente a los recursos de Castelló) con el argumento de que el Consell debía haber aprobado una ley en las Corts para poder intervenir en las funciones de las diputaciones.
En términos jurídicos, la sala entiende que lo que está en juego son los principios de jerarquía normativa y reserva legal. En su consideración, el decreto de la Generalitat ha vulnerado este último precepto.
El argumento es que la ley valenciana de régimen Local de 2010 dicta que la Generalitat coordinará las funciones propias de las diputaciones y que, por ley de las Corts, aprobada por mayoría absoluta, se establecerán «las fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones que han de ser coordinadas». Un redactado muy similar aparece en el Estatut d'Autonomia, añaden los magistrados.
Como entienden que el decreto de marzo de 2016 tiene estos mismos objetivos, concluyen que «debió dictarse a tal fin la oportuna ley aprobada por las Corts».
No prevalece la ley de 1983
La Generalitat creía que prevalecía la ley de 1983, según la cual las facultades de coordinación de las diputaciones se ejecutarían mediante decreto del Consell.
Sin embargo, el TSJ argumenta que el artículo de la ley de 1983 quedó derogado en virtud del Estatut d'Autonomia y la ley de 2010. Esta incluye una cláusula por la cual deroga todas las disposiciones que contradigan o se opongan a la norma.
La sentencia no es firme y da 30 días para presentar recurso de casación ante el Supremo o el TSJ. Es lo que hará la Generalitat, ya que no comparte los criterios de la resolución judicial, explicó ayer a Levante-EMV el director general de Administración Local, Antoni Such.
El alto cargo añadió que lo importante es la política de «ahorro, coordinación y no duplicidad de funciones» entre las distintas instituciones y que la Generalitat no va a desistir de estos objetivos. Por ello, anunció que aprobará una nueva ley más moderna que garantice esta línea de actuación.
Contra el «ataque» del Botànic
La sentencia se produce en un momento de debate tenso sobre el futuro de las diputaciones. Compromís lanzaba el pasado lunes un vídeo para defender su postura a favor de la eliminación progresiva de la administración provincial, al tiempo que deslizaba alguna crítica sobre la postura de los socialistas.
«Ha triunfado el sentido común [...] Castelló ha ganado», manifestó ayer el presidente de la corporación provincial, Javier Moliner. Los decretos de 2016 «venían a poner firma a la literatura de ataque frontal a los gobiernos provinciales que, desde el Pacte del Botànic, se había llevado a cabo desde el momento de su constitución como Gobierno», sentenció el dirigente popular.
