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Medio Ambiente

Territorio teme un alud de indemnizaciones si aplica la norma estatal de suelo inundable

La Generalitat ha enviado un requerimiento al Gobierno pidiendo la suspensión del real decreto

Territorio teme un alud de indemnizaciones si aplica la norma estatal de suelo inundable

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y vertebración del Territorio, ha enviado un requerimiento previo al Gobierno de España pidiendo la «urgente» modificación del real decreto que regula el Dominio Público Hidráulico (DPH) que declara suelo inundable todas las zonas de flujo preferente de inundación y aquellas que pueden sufrir un encharcamiento temporal en la avenida «extraordinaria» que estadísticamente se puede producir cada 500 años.

El Gobierno valenciano, que tiene la competencia en exclusiva en materia de planeamiento urbanístico y territorial, recuerda en su escrito que la legislación básica del Estado «no puede suponer que se modifiquen las previsiones urbanísticas vigentes en los municipios y se imposibilite en la práctica el desarrollo urbanístico por posible riesgo de inundabilidad, cuando las limitaciones de usos del suelo tienen que aplicarse respetando las atribuciones competenciales autonómicas».

Considera que la aplicación de la nueva redacción del Reglamento del DPH aprobada por el Estado y en vigor desde el pasado 30 de diciembre, incide sobre todos los suelos que no estén efectivamente urbanizados, sea cual sea su clasificación urbanística vigente (urbanizable, con o sin programación aprobada, o urbano), «generando una situación en la que de facto se impedirá o dificultará enormemente su edificación, produciéndose en la práctica la desclasificación de esos suelos al hacer prácticamente inviable cualquier construcción».

La Generalitat ha mostrado su preocupación «ante la posibilidad de tener que hacer frente a reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por los propietarios de los suelos afectados o por los promotores de dichas actuaciones aprobadas, que se ven afectados por la inviabilidad de la edificación posterior de las mismas».

En su escrito, la conselleria recuerda que el gobierno valenciano ya tiene una normativa vigente, el Patricova, que regula el riesgo de inundaciones «y lo hace de una manera más pormenorizada y adecuada a la realidad territorial de la Comunitat Valenciana».

En concreto, insisten en que la normativa autonómica establece «hasta 7 niveles de inundación a la hora de analizar el territorio desde la perspectiva del riesgo y, por tanto, es mucho más flexible». Además, permite la posibilidad de realizar estudios de inundabilidad con mayor detalle para estudiar el riesgo en un ámbito concreto y a una mayor escala de precisión, lo que en ocasiones permite determinadas actuaciones urbanísticas si existe compatibilidad.

«Rebelión» municipal

«A ver quién le explica ahora al propietario de un suelo urbano, rodeado de otras construcciones, que lleva años pagando impuestos por un solar en el que ahora no puede construir nada o en su defecto hacerlo con unas condiciones que hacen inviable cualquier actuación», explica un técnico municipal.

De hecho, la entrada en vigor de la modificación del RPH ha provocado un profundo malestar en los 75 municipios afectados solo en la provincia de Valencia.

Por el momento, 15 municipios de l’Horta Sud han presentado ya un recurso contencioso administrativo contra el decreto, pidiendo su «suspensión cautelar urgente».

Las poblaciones afectadas -Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella, trabajan desde hace semanas con el asesoramiento de la Diputación de Valencia para definir una estrategia conjunta.

Los técnicos de estos municipios que lideran la movilización contra el decreto estatal, consideran «sobredimensionados» los cálculos que este reglamente recoge, sobre todo en los relativo a la inclusión como zonas inundables de las afectadas con un periodo de recurrencia de 500 años, «lo que afectaría a la práctica totalidad de los cascos urbanos de los municipios del área metropolitana sur y oeste de València».

El alcalde de Albal, Ramón Marí, manifestó ayer que este decreto «debe suspenderse por su desproporcionalidad y adaptarse a las características singulares de nuestro territorio».»

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