Para Javier de Lucas, catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, la Comisión Europea no le está pidiendo a los países miembros «nada nuevo» cuando insta a los mismos a expulsar cuanto antes a los inmigrantes «sin papeles». «Lo que les está pidiendo es que apliquen el denominado Plan Retorno de 2015, que ni es retorno ni nada parecido porque, en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de menores, ni tan siquiera se les repatria al lugar de donde vinieron o donde han nacido.
Lectura entre líneas
La estadística que se barajaba hace unos años de la aplicación de este plan era del 40%. Las cifras bajaron hasta el 36% y ahora la expulsión ronda el 24%», explica. Ahora bien, el catedrático asegura que «lo único que se consigue» con medidas y exigencias como ésta es «el entusiasmo de los xenófobos».
Lo que Javier de Lucas lee entre líneas es que, con la reactivación de ese plan, lo que la Comisión Europea hace es «reforzar la idea de que los CIE son necesarios porque es la manera más eficaz para expulsar a la gente y le pide a los países europeos que agilicen y apliquen los convenios con los países de origen mientras que a éstos les amenaza directamente: si no colaboráis para recibir a las personas expulsadas, no recibiréis ayudas al desarrollo».
Por ello, Bruselas recomienda a los países que retengan a la persona en el CIE el tiempo máximo permitido por la legislación europea, que prevé un periodo inicial de 6 meses, con la opción de prolongarlo hasta 18 meses.
