El 13 de marzo, seis años y medio después de que entrara en el juzgado de Instrucción número 15 de València la primera querella por el saqueo a la empresa pública Emarsa que gestionaba la depuradora de Pinedo, arrancará la vista oral. Pese a las decenas de horas de declaraciones, los centenares de miles de folios y las innumerables diligencias practicadas por los investigadores, el caso todavía sigue abierto en canal a ocho días del macrojuicio. Dos de los principales acusados por el saqueo de casi 25 millones públicos dedicados a la depuración de agua negocian in extremis a cambio de entregar en bandeja a la justicia a los investigados que no se han autoinculpado.
El que fue gerente de Emarsa Esteban Cuesta, que ya ha confesado ante el juez y en las páginas de Levante-EMV numerosos delitos, trata a través de su abogado de oficio de ajustar a la baja la pena de prisión que le pueda caer. ¿A cambio de qué? Aunque no ha trascendido, podría ser para apuntalar algunas acusaciones contra dos de los principales procesados que mantienen su inocencia después de la larga instrucción. Esos son el expresidente de Emarsa y de la Entidad Pública de Servicios Hidráulicos (Emshi) Enrique Crespo y el exgerente de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla.
Durante la fase de investigación, Cuesta ya señaló tanto a Crespo Como a Morenilla como urdidores, junto a él, de una trama entre empresarios y políticos para desviar dinero público del tratamiento de lodos para beneficio personal. Unos 11 millones. Habrá que ver en la negociación de Cuesta con las fiscales, que seguirá la semana que viene, si el exgerente mantienen su versión -la ha cambiado varias veces- o si aporta nuevas pruebas. Cuesta llegó a señalar a su propia hermana como la persona que repartía en persona las comisiones entre los principales acusados. El instructor y las fiscales no creyeron esta máxima y mantuvieron a su familiar fuera del caso.
Quien puede hacer más daño a la línea de flotación de la defensa de Crespo y Morenilla es la posible confesión de Ignacio Bernácer, el exjefe de Explotaciones de la Epsar durante los años del saqueo a la depuradora de Pinedo. Como contó este periódico el pasado 24 de enero, Bernácer negocia con las fiscales desde hace varios meses la reducción de la pena a cambio de asumir algunos de los delitos de los que se le acusa. De momento, continúa con la negociación y es una incógnita si en los próximos ocho días llegará a una conformidad.
Su testimonio puede ser clave o, al menos suponer un problema para las defensas de Crespo y Morenilla, ya que en la investigación de los delitos sobre la trama de lodos se les acusa de los mismos hechos a los tres. Un as fundamental para las fiscales de cara al juicio que empieza el próximo día 13 de marzo. Por su parte, tanto el expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises como el exgerente de la Epsar han mantenido su inocencia desde el minuto uno y atribuyen a Cuesta y a otros acusados el saqueo de la empresa pública.
Los empresarios José Luis y Enrique Sena han tanteado también con las fiscales la asunción de delitos a cambio de menores peticiones de cárcel. Los que sí que han conseguido acuerdos son una decena de acusados, que evitarán la cárcel a cambio de devolver el dinero saqueado. Llama la atención tres importantes cargos del PP, el ex concejal de Moncada Luis Botella y los dos cajeros de la depuradora y excargos del PP de València Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques. Cuesta los acusó de financiar ilegalmente al PP. No se investigó nunca.
