El embrollo generado en la Generalitat a cuenta del paro convocado por el movimiento feminista internacional con motivo del día de la Mujer Trabajadora y que Intersindical elevó a categoría formal de huelga sigue activo. Y, además, ha acrecentado la tensión entre el sindicato y buena parte del segundo escalón de la administración que lamenta que la situación haya puesto en marcha una maquinaria que obliga (al menos sobre el papel) a la Conselleria de Hacienda a descuentos en la nómina del personal que secundó el paro.
Como contó ayer Levante-EMV, la situación tiene su origen en la comunicación formal de Intersindical a la Conselleria de Economía de la convocatoria del paro entre las 12 y 13 horas, un escrito que generó que distintas subsecretarías remitieran circulares a los centros de trabajo solicitando la identificación de los funcionarios que habían parado. Muchos responsables de personal se llevaron las manos a la cabeza al considerar inapropiada la instrucción, cuyo resultado era un recorte salarial por media hora de paro.
Intersindical, en un comunicado, dice que se limitó por coherencia y responsabilidad a hacer la comunicación oficial a la autoridad laboral para dar cobertura legal a la huelga, al margen de que el paro «dure media hora o dos semanas».
Decreto de servicios mínimos
De hecho, la conselleria decretó unos servicios mínimos, aunque esta información no fue difundida públicamente al entender que el de ayer no era un paro formal sino un gesto de respaldo a las mujeres. Es más, las instrucciones de las subsecretarías se cumplieron de forma muy desigual, ya que muchos responsables entendían que el gesto de parar unos minutos para asistir a una concentración a las puertas de sus centros de trabajo no podía entenderse como una huelga con consecuencias en la nómina. Tal es así que ayer no hubo ningún dato oficial sobre el seguimiento de la controvertida huelga. Desde diferentes conselleries se mantuvo que era Función Pública la que recabaría datos e informaría, pero este departamento (cuota Compromís) de la Conselleria de Justicia indicó que los datos irían llegando.
En privado, varios de los departamentos consultados admitían que el seguimiento oficial será practicamente nulo, lo que dejaría en evidencia al sindicato. En realidad, hubo mucho personal que secundó el paro, pero poca gente formalizó ante la administración su voluntad de hacer huelga. El criterio más compartido en las subsecretarías era dejar pasar el asunto y no apuntar a nadie. En Hacienda, sólo había constancia de ocho personas que secundaron la huelga.
Pero el malestar con Intersindicla era mutuo. «Si la Administración no sabe lo que tiene en sus manos será su responsabilidad, la nuestra es legalizar la huelga y darle difusión», refirmaba el sindicato. Y acusaba a las conselleries de extralimitarse al remarcar el descuento en la nómina y al Consell del Botànic de conductas «antisindicales».
CC OO pidió al Consell que no castigue al personal que secundó el paro y no efectúe el descuento del tiempo en nómina porque acudió en tiempo de almuerzo y reprochó «exceso de celo» de algunos centros.
