Una de las líneas de acusación de Jerónimo Villamón era, además de denunciar las presuntas coacciones por parte del jefe del servicio de Traumatología de La Fe para evitar que cogiera la plaza, la prevaricación administrativa que suponía, a su entender, retirarla «in extremis» una vez que él había dicho que sí, alegando que un facultativo del servicio había pedido ocuparla.

Ni el juzgado ni el ministerio público han aceptado tampoco esta argumentación, al concluir que no hubo tal prevaricación. Según el escrito del fiscal en el que pide confirmar el auto de archivo y rechazar el recurso de reforma presentado por Villamón, no es posible continuar por esta vía después de ver tanto la argumentación del querellante como, entre otras cosas, el informe que, al respecto, emitió en su día Mónica Almiñana como gerente del Departamento de La Fe.

En este informe, la gerente apunta que es una «costumbre no escrita pero arraigada» que cuando se produce una vacante «el profesional con plaza en propiedad de mayor antigüedad en el servicio tenga alguna preferencia sobre los provenientes de la bolsa de trabajo o con menor antigüedad del servicio».

Este sería el caso concreto de Villamón ya que, según justificó el jefe del servicio, la plaza se retiró el 23 de mayo de 2016, «por haber desaparecido las causas» que motivaron la solicitud tras pedir su incorporación a esta vacante en concreto un facultativo del servicio de Traumatología, también especializado en cirugía de columna.

Además, en el informe de la gerencia se especifica que los jefes de servicio tienen «potestad» para «organizar y ubicar a su servicio» y el traumatólogo que pidió incorporarse a la plaza que iba a ser para Villamón es un médico «con plaza en propiedad por oposición, por lo que nunca podría estar incluido en la bolsa de trabajo», que se usa para cubrir plazas de forma eventual.