La empresa pública de las depuradoras no ceja en su empeño por lograr un aumento de sueldo para buena parte de su personal y ampliar la plantilla. Ello, a pesar de que está señalada por la gestión de los recursos humanos en la etapa del PP: el exgerente Juan José Morenilla fue juzgado hace unos días de un presunto delito de prevaricación por crear cinco puestos de trabajo para contratados a dedo sin autorización de la Conselleria de Hacienda. La causa está vista para sentencia.
Levante-EMV ya publicó el pasado verano cómo el departamento que ahora preside Vicente Soler había frenado una subida salarial masiva en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) tras ser advertida mediante un escrito anónimo. El coste de la medida se calculó en 150.000 ?.
La empresa ha insistido ahora en su intención a través de los Presupuestos de 2017, que contemplan una importante ampliación de los gastos de personal. Esta, sin embargo, no figuraba en el proyecto de cuentas del organismo, sino que se introdujo vía enmienda parlamentaria (de PSPV y Compromís, según algunas fuentes consultadas) aprobada en las Corts.
En concreto, según esta propuesta, los gastos de personal para 2017 de la entidad gestora de las depuradoras se han incrementado en 500.000 euros. La partida ha crecido más de un 21 %, al pasar de 2,3 a 2,8 millones.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, de la que depende la Epsar, argumentaron que la inyección presupuestaria se justifica en un acuerdo del consejo de administración de hace un año (30 de marzo) que pretende resolver el problema que tiene la entidad con su relación de puestos de trabajo (RPT), el listado de plazas con la capacitación para cada una de ellas y su retribución.
El objetivo, añadieron las citadas fuentes, es un incremento de plantilla (de veinte plazas, en concreto), porque «falta gente» con la composición actual (46 empleados; trece de los cuales de libre designación). El medio millón de euros iría destinado también a «equiparar los puestos de trabajo a las funciones que realizan realmente», una manera perifrástica de referirse a una subida de salarios, como la abortada en 2016.
No obstante, la Epsar continúa tropezando en 2017 con el mismo obstáculo: la Conselleria de Hacienda. Esta continúa sin autorizar los planes de la empresa pública, cuyo gerente actual es Enrique Lapuente.
Hacienda fundamenta su posición en las restricciones que impone el Estado. Por un lado, la tasa de reposición vigente solo permite cubrir el 50 % de las plazas que queden vacantes en este tipo de organismos. Además, los Presupuestos Generales del Estado en vigor (prorrogados) prohíben cualquier aumento de la masa salarial. Ambos argumentos chocan con las pretensiones de Epsar.
La evidencia de las tensiones con el departamento de Soler es que, como informó ayer este diario, el gestor de las 462 depuradoras valencianas ha visto cómo la RPT que presentó recientemente ha obtenido el informe desfavorable de la dirección general de Sector Público. Junto con Les Arts, es la única entidad pública en esta situación.
La paralización del proyecto el pasado verano se produjo tras un anónimo que denunciaba la presencia de diversos «enchufados» de la etapa del PP. Entre ellos, algún directivo por cuya contratación se juzga a Morenilla.
