La fiscal encargada del caso de las presuntas coacciones a una médico anestesista en el Hospital Clínico de València decidió pedir directamente el archivo de la causa tras percatarse de que en la denuncia que dio pie a la apertura de la investigación habían dado por error el nombre de la periodista de Levante-EMV que informó sobre la grabación difundida al respecto como el de la presunta víctima.

El objetivo del ministerio fiscal con esta maniobra era evitar que siguieran corriendo los plazos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para realizar la investigación y que prescribiera el asunto. La titular del juzgado de Instrucción número 12 de València atendió así a la petición de la Fiscalía y decidió archivar de forma provisional la causa el pasado 30 de noviembre, fundamentándolo en el error de la Fiscalía en la identificación.

La última reforma legislativa de la Lecrim, que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015, introdujo, además de cuestiones como la retirada del término imputado y su sustitución por la de investigado, plazos más estrictos para las investigaciones con el objetivo de intentar así acortar las, a veces, interminables instrucciones de los casos. De esta forma, para las causas sencillas se da un tiempo de seis meses, prorrogables en seis más, frente a los 18 meses que se contemplan para las causas complejas.

De esta forma, la Fiscalía buscaba «ganar tiempo» ante el error cometido y permitir que, con la instrucción suspendida, la Policía Judicial completara el encargo de la juez para identificar de forma correcta a la anestesista a la que se presionó para no coger la plaza para la que había sido llamada por bolsa.

La Policía Judicial hizo su trabajo y remitió al juzgado la identidad correcta de la doctora el pasado 13 de diciembre. Desde entonces, hace casi tres meses, se está a la espera de que o bien la juez del número 12 o el ministerio público decidan pedir la reapertura del caso.

La portavoz de la Fiscalía, Susana Gisbert, confirmó ayer que existe la intención de reabrir la causa, y sólo queda decidir mediante qué fórmula (a petición de la fiscal o por decisión propia de la jueza). «Se garantizará la acción de la Justicia ya que el archivo no es definitivo», añadió. El procedimiento habitual sería esperar a que la juez informara a la Fiscalía de las pesquisas de la Policía Judicial para facilitar, de esta forma, que fuera el ministerio público el que pidiera la reapertura de la causa.

Desde Conselleria de Sanidad volvieron a insistir en que están a la espera de que exista un fallo firme para reabrir el expediente disciplinario contra los responsables del servicio. «Hay un protocolo establecido para hacer seguimiento en este tipo de ocasiones y consultar con cierta periodicidad con las instancias judiciales el estado de los casos para retomar, por ejemplo, estos expedientes», explicaron.