Las supuestas presiones utilizadas en algunos departamentos de los hospitales valencianos para evitar que médicos que llegan por bolsa de trabajo pasen a formar parte del servicio si el jefe así no lo quiere han dejado de estar, de momento, en la agenda de la judicatura. Al archivo por un error de la Fiscalía de la investigación que se abrió el pasado verano por las presiones recibidas por una anestesista al intentar acceder a su plaza en el hospital Clínico de València, se suma ahora el sobreseimiento también provisional de la segunda querella que, en los mismo términos, estaba siendo investigada en los juzgados valencianos.
Se trata de la denuncia que presentó en su día el traumatólogo Jerónimo Villamón contra el jefe de servicio del área en el Hospital La Fe de València después de que la plaza para la que había sido llamado -estaba en el puesto número 13 de la lista y sus antecesores fueron rechazando la oferta uno tras otro- se retirara justo después de que él la aceptara, alegando que la había ocupado un profesional de la casa y, por lo tanto, ya no era preciso sacar el puesto a bolsa.
Así, la segunda denuncia por estos motivos que permanecía activa en los tribunales ha sido archivada por el juez después de que éste no haya apreciado «siquiera indiciariamente» que el jefe del servicio de La Fe hubiera incurrido en infracción penal alguna en su relación con el aspirante a la plaza.
Sin pruebas en las grabaciones
«Del resultado de la prueba practicada no se desprende siquiera indiciariamente la comisión de infracción penal», asegura el juez, y eso que parte de las pruebas aportadas por el querellante fueron las grabaciones de las conversaciones telefónicas que mantuvo con el jefe del servicio en el que éste le aseguraba que él podía organizar el servicio de esa manera.
De hecho, el ministerio fiscal -en el escrito que presentó al juzgado para oponerse al recurso de reforma presentado contra el archivo- insiste en que, tras escuchar las grabaciones, «en modo alguno se puede concluir la más mínima actitud coactiva por parte del querellado». El denunciante aseguraba que sí las había habido, pero en una conversación en persona que tuvieron entre los dos y que no estaba grabada.
De hecho, el traumatólogo que presentó la denuncia solicitó tras el archivo, y a través de ese recurso de reforma que también ha sido rechazado, poder declarar ante el juez (en las diligencias practicadas no se había incluido su declaración) o, al menos, mantener un careo frente a frente con el jefe del servicio de Traumatología para intentar demostrar que las malas prácticas habían existido.
Ambas peticiones fueron desestimadas, ya que el juez ha entendido que si ya no se habían visto indicios de delito, las nuevas pruebas solicitadas por Villamón no iban a «alterar el resultado». «No apreciándose la existencia de delito de coacciones ni de prevaricación administrativa, la práctica de la prueba solicitada no alteraría tal percepción», concluye el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de València para desestimar el recurso y confirmar el archivo provisional de la querella, dictado a finales del mes de enero.
Villamón anuncia recursos
El querellante, el traumatólogo Jerónimo Villamón, lamentó ayer el archivo de la querella y el no haber tenido la oportunidad de celebrar el careo solicitado con el jefe de servicio. Aún así, anunció que iba a recurrir la resolución del juez.
«Mientras quede un resquicio, pienso mantenerlo vivo. No me cansaré de pelearlo aunque al final termine siendo también desfavorable porque quiero tener la certeza completa», aseguró ayer.
Por otra parte, ni la Fiscalía Provincial de Valencia, ni el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aclararon ayer si se ha tomado ya alguna decisión para pedir la reapertura de la investigación por lo sucedido en el Clínico, después del archivo que siguió al error de la Fiscalía a la hora de identificar a la posible víctima de las coacciones grabadas. Tal como ha informado este diario en exclusiva, en la denuncia de la Fiscalía ante el juzgado se identificó erróneamente a la víctima de las coacciones, aportando el nombre de una periodista de Levante-EMV que escribió sobre el caso, en lugar del de la anestesista que grabó la conversación en la que supuestamente fue conminada a renunciar a su plaza.
