La macrocausa del saqueo de la antigua Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) comenzará mañana, seis años y seis meses después de que el juzgado de instrucción número 15 de València recibiera la primera querella sobre el caso. Así, está previsto que empiecen las vistas orales en sede judicial de una trama que cuenta con un total de 24 personas implicadas. Todos han sido relacionados con la desviación de hasta 25 millones de euros procedentes de fondos públicos y dedicados a la depuración de aguas residuales en el área metropolitana de València.
La entidad fue fundada por el Ayuntamiento de València junto a otros 17 municipios. El punto de partida del proceso fue su disolución en 2010, cuando se conoció el agujero en las arcas públicas.
Algunos de los acusados han pactado la interposición de penas mínimas que les permitirán esquivar la cárcel. Otros de los cabecillas de la trama, sin embargo, se han visto obligados a apurar hasta el final los plazos de negociación con las fiscales para intentar rebajar sus posibles penas sin que haya trascendido resultado alguno de la negociación.
Ignacio Bernácer, exjefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), es uno de ellos. Tal y como ha publicado Levante-EMV en las últimas semanas, sus abogados han intensificado los contactos ante la llegada del proceso a sede judicial.
Su testimonio podría convertirse en un gran misil que dinamite la línea de flotación de la defensa diseñada por los letrados de dos de los principales acusados: el exalcalde de Manises Enrique Crespo y Juan José Morenilla, exgerente de la Epsar y recientemente juzgado por un presunto delito de prevaricación por crear cinco puestos de trabajo para contratados a dedo sin el visto bueno de la conselleria de Hacienda.
Los tres -Bernácer, Crespo y Morenilla- están acusados de los mismos delitos y la asunción de la acusación por parte del exjefe de explotación cambiaría todo el escenario. Crespo y Morenilla han defendido su inocencia en cada de una de las etapas de un caso judicial que se ha dilatado en el tiempo. Los tres se enfrentan a penas de cárcel de 12 a 14 años.
En teoría, los tres formarían parte del grupo de arquitectos de la trama formada por políticos y empresarios, que permitió el desvío de los fondos públicos. Ahora, al fin, todo apunta a que sí serán juzgados por los posibles delitos cometidos.
Y es que la macrocausa de Emarsa podría haberse convertido en la primera gran trama de corrupción «Made in València» que llegaba a los juzgados. Corría el 2 de noviembre de 2015 cuando todo estaba preparado para que el juicio tuviera lugar.
Sin embargo, el proceso fue aplazado por la extradición del considerado «cerebro» de la trama, Jorge Ignacio Roca Samper. Roca fue detenido en Moldavia, donde se encontraba con su familia y estaba declarado en busca y captura por las autoridades españolas. Tenía el DNI caducado y vivía con una identidad falsa en el momento de su detención.
Lleva en prisión desde que se vio obligado a volver a tierras españolas. Está imputado en el caso Emarsa por los delitos de malversación en caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil y contra la Hacienda pública.
Y no es la única causa en la que está implicado. El Tribunal de Gran Instancia y el Principado de Andorra también iniciaron investigaciones contra su persona, como presunto autor de varios delitos de blanqueo de capitales.
Cambios de versión de Cuesta
El gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, también ha intentado negociar una rebaja de su posible pena con las fiscales que se encargan del caso.
Al parecer, todos los contactos realizados por los responsables de su defensa han sido infructuosos. Uno de los puntos en contra de su argumentación es que Cuesta ha llegado a cambiar su versión en varias ocasiones. De hecho, identificó a su hermana como la repartidora de las comisiones, acusación desechada por la instrucción.
Los 24 acusados están llamados a personarse en sede judicial en esta fase inicial de la instrucción, incluidos los diez procesados que sí han logrado una reducción de pena a cambio de devolver el dinero defraudado. En este grupo se encuentran tres importantes excargos del PP.
Son el exconcejal de Moncada, Luis Botella, y los dos cajeros de la depuradora y excargos del PP de València, Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques. Los tres fueron acusados de financiar ilegalmente al PP por Cuesta, aunque nunca se investigaron dichas incriminaciones. Todos los acusados tendrán once días de declaraciones, que discurrirán entre el 22 de marzo y el 6 de abril. En este intervalo temporal también desfilarán un centenar de testigos del proceso, entre los que se encuentran destacados portavoces políticos valencianos que formaron parte del consejo de administración de Emarsa durante los años del saqueo de la entidad.
