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Ley

Otro fallo a favor de licencias VTC augura una cascada de permisos para competir con el taxi

El juez entiende que las licencias denegadas antes de noviembre de 2015 no se ajustan a derecho y otorga otros 20 permisos

Protesta del sector del taxi en València, en 2015, por una regulación más efectiva. efe/manuel bruque

Otro juez de la C. Valenciana ha fallado en contra de la Generalitat y la obliga a reconocer a una empresa la concesión de licencias de transporte con conductor (VTC) que les habían sido denegada. Es la segunda sentencia en pocas semanas contra la política mantenida por el Consell los últimos años y que ha consistido en denegar de forma sistemática los nuevos permisos a las empresas y autónomos que compiten con el sector del taxi por el transporte de viajeros.

Es decir, otro varapalo para el taxi, que ve como irremediablemente crece el número de estos permisos, que son también los que utilizan las plataformas como Uber o Cabify que les hacen la competencia. Las VTC no pueden operar buscando clientes en la calle o esperando en un punto, pero sí tras recibir una llamada de teléfono o petición a través de una app. Lo que hasta hace unos años era solo un servicio de coches de lujo o a grandes empresas, hoy es una competencia por el pasajero común.

Levante-EMV, fue la sala de lo contencioso administrativo del TSJ la que obligó a otorgar 200 licencias de conductor profesional en Valencia a la empresa Ares Capital, denegadas en 2013. Esta empresa opera bajo las marcas Ares Mobile y Aerocity, prestando servicios de transporte puerta a puerta entre los aeropuertos y la ciudad, así como servicios de transporte particular con vehículos de alta gama.

No es la única sentencia. En octubre pasado, el juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Valencia también obligó a la conselleria a corregir la resolución por la que denegaba la concesión de 20 VTC a Jojucar, mercantil madrileña que opera bajo la marca Servicar25 en el sector de alquiler de coches con conductor para bodas, transportes al aeropuerto, congresos o pasajeros de negocios.

Estas licencias habían sido denegadas en octubre de 2015, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Las fechas son importantes, ya que durante años este sector estuvo sujeto a la inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar. La conselleria justificaba su rechazo por la existencia de un «cupo máximo», pero el juez expone que esas «limitaciones» que determina la Ley de Transporte Terrestre de 2013 (LOTT) no fueron desarrolladas hasta la aprobación del reglamento de la ley (21 de noviembre de 2015), «momento a partir del cual son exigibles las limitaciones de contingente establecidas en dichas normas». Esas limitaciones, como es sabido, dicen que no puede haber más de una VTC por cada 30 taxis.

«En consecuencia, la administración no puede denegar las autorizaciones solicitadas en el periodo en que no existía el desarrollo normativo limitativo, pues la regla ordinaria es la concesión de la autorización por cumplimiento de los requisitos generales, siendo la excepción la denegación -lo que implica la necesidad de su regulación expresa como norma limitativa-», expone el fallo.

Estas sentencias anticipan una cascada de reconocimientos que pueden disparar el número de licencias actualmente reconocidas en València. En estos momentos ya hay 450 permisos VTC en la C. Valenciana, cifra que triplica las que deberían estar permitidas si se tiene en cuenta la limitación que marca la ley en vigor.

Los fallos allanan el camino a Uber

La proliferación de licencias VTC que están llegando por la vía judicial allana también el camino al aterrizaje de la plataforma Uber en València. Esta aplicación móvil, que se dedica a poner en contacto a pasajeros con conductores, funciona en Madrid con conductores profesionales, los que tienen este tipo de permisos. Uber está rastreando en estos momentos el mercado de València para comprobar con cuántos conductores podría contar para desarrollar su actividad aquí. Mientras tanto, el sector del taxi vela armas para disputar en los tribunales la batalla para frenar la proliferación de estos permisos.

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