En la campaña electoral en la que Rita Barberá arrasó en 2007, consiguiendo el mejor resultado de su trayectoria política, además de gastarse 20 veces más de lo declarado en su momento, «desaparecieron» más de 420.000 euros. Según la contabilidad que llevaba Laterne Product Council (LPC), la empresa que gestionó la operación de promoción electoral de la alcaldesa de València, el coste total de la campaña fue de 2.583.731 euros (y no los 150.000 que se dijeron). Las aportaciones de entidades distintas al PP superaron los 3.004.78 euros.
Donativos que fundaciones públicas dependientes del propio consistorio de la capital, como Turismo Valencia Convention Bureau, o firmas privadas, como FCC o Luján, ingresaban a Laterne para financiar los gastos electorales de la candidata del Partido Popular, según la investigación incluida en el sumario de esta pieza del caso Taula. Desde el mítin al que acudió Mariano Rajoy para lanzar a la «alcaldesa de España» hasta «minieventos» -según consta en la documentación- como actos en barrios y pedanías. Así se desprende de la información recogida en el sumario, cuyo secreto fue levantado el pasado viernes.
En base a la documentación recabada, el juez que instruye esta pieza separada del caso Imelsa observa indicios no solo de presuntos pagos en negro, blanqueo y delito electoral. Se comenzó indagando sobre unos 50.000 euros abonados por concejales y asesores del grupo municipal popular en el consistorio del cap i casal y según avanzan las pesquisas se va apuntando a todo un entramado societario creado para recaudar fondos que, a la vista del desfase de casi medio millón de euros, no siempre iban a parar a la campaña electoral.
A falta del informe definitivo de la UCO, tras el cual podría haber nuevas imputaciones, las pruebas documentales que van recabando los agentes de la Guardia Civil reflejan también un posible delito de malversación y cohecho. ¿De quién? Pues, según la declaración del testigo que destapó el caso al digital Valencia Plaza, Alfonso Grau, exvicealcalde de València y en su día mano derecha de Barberá, era el que «trataba directamente con las empresas», el que coordinaba la campaña electoral y el que le dio al declarante 350.000 euros en billetes de 500 para que pagara las deudas que el PP había contraído con los proveedores por los diferentes actos públicos.
Según el testimonio de Jesús Gordillo, en su momento hombre de confianza de Grau, a los distintos proveedores se le encargó que realizaran determinados trabajos para la campaña electoral y que facturaron con los «conceptos auténticos de los trabajos realizados». «Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos se eliminaron las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política».
Facturas falsas o destruidas
Además de cambiar facturas, otras se falsificaron, según el relato de Gordillo. De alguna manera había que justificar las donaciones de las fundaciones y empresas a la campaña del PP. Entre las donantes constan también dos empresas «amigas» de Laterne: City Marketing Council (CMC) y Product Management Council S.L, (PMC), que habrían aportado casi un millón. El administrador de ambas era Vicente Sáez, el mismo que el de Laterne y amigo de Grau, según Gordillo. CMC organizó una conferencia de Barberá en Washington, mientras que PMC estaba participada a su vez por otras firmas oferentes del PP, como Agricultores de la Vega (SAV). A través del pago de 150.000 euros, se formaba parte de esta compañía, que nunca llegó a contar con trabajadores.
De este modo, de acuerdo con este relato, se daría el caso de empresas que habrían financiado doblemente la campaña al PP, o bien aportando directamente (SAV pagó hasta 450.000 euros, según la contabilidad) o indirectamente a través de PMC (SAV participó con 150.000 en esta, así que, en total, habría dado 600.000 euros).
La UCO continúa recabando pruebas documentales, aunque en algunos casos, como el de Turismo Valencia, llega tarde, porque las facturas fueron destruidas, según se recoge en el sumario.
