Los responsables del sistema valenciano de salud, con la consellera del ramo Carmen Montón a la cabeza, no tienen previsto personarse en la causa de las presuntas coacciones del Hospital Clínico para defender el buen funcionamiento de las instituciones sanitarias.
Según fuentes de la conselleria no se ha «valorado» la posibilidad de que la Conselleria de Sanidad, a través de la Abogacía de la Generalitat, se persone en la investigación recién reabierta por el juzgado de Instrucción número 12 de València y que busca desentrañar los posibles delitos cometidos por el jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Clínico y por una de sus jefas de sección cuando esta última presuntamente recomendó a una aspirante a entrar en el servicio por la bolsa de trabajo que no firmara la plaza ya que iba a durar «un mes en ella».
«Aquí no puedes entrar así; haremos un informe negativo y estarás un mes», «esa plaza se ha movido internamente para asegurar a gente de aquí; renuncia» o «hay varias opciones, podemos retirar la plaza o que vengas a trabajar mañana y dentro de un mes o dos hagamos informe», son algunos de los «consejos» que la jefa de sección le hizo a una anestesista llamada por bolsa para renunciar a la plaza.
Las presiones surtieron su efecto y la doctora nunca accedió al puesto -por lo que fue penalizada en la bolsa- pero sí grabó la conversación y la remitió para que se conociera lo que estaba sucediendo. Testificará por ello ante la juez el próximo mes de mayo.
Disciplina interna
La administración -que sí se ha personado en otros procesos como el abierto contra la plataforma de venta de Ribera Salud B2B- no ha considerado conveniente hacerlo en este proceso y defienden que hay en marcha un expediente disciplinario abierto en su día para conocer lo sucedido y cómo actuaron los jefes del hospital. El expediente interno -en el que han «profundizado poco»- sí se abrió con rapidez tras conocerse lo sucedido y la consellera insistió en que no se iban a permitir este tipo de comportamientos en la sanidad valenciana aunque, en estos momentos, se encuentra paralizado hasta que no haya una resolución definitiva y firme en los juzgados.
El garantismo del proceso de sanciones interno y los dilatados plazos de la justicia pueden suponer que las malas prácticas que la grabación parece poner de relieve no tengan una respuesta directa por parte de la administración al menos, a corto plazo.
De hecho, esta situación ha desanimado a muchos sanitarios que se han encontrado en una situación similar a denunciar, tal como el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, denunció en su día. El responsable sindical aseguró que, tras conocerse la grabación de la anestesista, se acumularon en el sindicato casi una veintena de denuncias similares, pero todas anónimas. Y «como en el Clínico los jefes siguen en sus puestos, la gente no denuncia», aseguró.
Medidas paralelas
Para pararle los pies a quienes realizan estas prácticas -conocidas y hasta ahora ´generalizadas´ en el ámbito médico- la Conselleria de Sanidad ha emprendido otra serie de acciones como asegurarse de que a todas las jefaturas de servicio y sección se accede a través de un concurso de méritos, que los jefes deben rendir cuentas de su trabajo cada cuatro años y, de forma paralela, modificar el funcionamiento de la bolsa de trabajo para facilitar que se encuentre un perfil concreto en ellas cuando se trate de trabajos especializados sin tener que rechazar a los candidatos que no cumplan al cien por cien.
La juez acaba de reabrir la investigación por lo sucedido en el Clínico después de algo más de tres meses de parón, tras un error de la Fiscalía en la identificación de la presunta víctima. Los dos investigados están llamados a declarar el 25 de mayo, una semana después de que lo haga la presunta víctima, que está viviendo fuera del país.
El médico que sí dio un paso adelante y se atrevió a denunciar las presiones que a su juicio había recibido para no aceptar una plaza en La Fe, el traumatólogo Jerónimo Villamón, está preparando los recursos contra el archivo de la investigación en el Juzgado de Instrucción número 6. En las grabaciones que él aportó con el jefe de Traumatología de La Fe, ni la juez ni el ministerio fiscal apreciaron «coacciones» ni prevaricación administrativa por lo que se decretó el archivo.
