La sentencia y sus consecuencias presupuestarias se veían venir desde hace tiempo, pero los gestores de la Generalitat (tanto los del PP como los del Botànic) prefirieron esperar a que no hubiera marcha atrás. Y ese momento llegó ayer. El Tribunal Supremo ha dictado un fallo de gran trascendencia (no sólo en el ámbito autonómico, sino también estatal) que obliga al Ejecutivo valenciano a abonar la carrera profesional a los interinos de su Administración con más de cinco años de antigüedad.

El fallo, que ratifica uno anterior de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, afecta a un colectivo de cerca de 4.700 interinos, pero abre la vía para que el colectivo de temporales en Sanidad reclame también su derecho a cobrar este plus salarial que se abona los funcionarios de carrera. El profesorado interino también había quedado fuera históricamente, aunque este año, por primera vez, la Conselleria de Educación ha regulado su cobro en las cuentas de 2017.

El tanto se lo apunta el sindicato de interinos Igeva, que en su día llevó a los tribunales el decreto de carrera aprobado por el Consell de Fabra por el cual se regulaba la percepción de este complemento salarial (que en la práctica es un reconocimiento por la antigüedad) para los 10.000 funcionarios de carrera de la Generalitat. La carrera ya la cobraba desde hace años el personal sanitario y los docentes (sexenios).

Pero el Consell, ya entonces con importantes restricciones presupuestarias, sólo reconoció el nuevo derecho a los funcionarios de carrera de la Administración de la Generalitat. En diciembre de 2015, Igeva logró que el TSJ le diera la razón y declaró nulos varios artículos del decreto al considerar, basándose en el derecho europeo, que se debía equiparar a funcionarios de carrera y a interinos únicamente a efectos retributivos. Otra cosa, como alegaba el sindicato, era «trato discriminatorio». El Consell, sin embargo, recurrió al Supremo y ahora el alto tribunal desestima el recurso de casación desmontando uno a uno los argumentos de la Abogacía de la Generalitat. Además, le impone las costas por un máximo de 3.000 euros.

El fallo tiene una gran trascendía ya que obliga al Consell a habilitar una partida para cumplir con el fallo. Fuentes de la Conselleria de Hacienda no pudieron precisar el impacto económico ya que la carrera se implanta por grados y su importe depende del nivel del interino. En todo caso, según las estimaciones de este diario, podría superar los 20 millones. En 2017, con la carrera implantada al cien por cien, el coste para 10.000 funcionarios supera los 47 millones. Se da la circunstancia de que el grueso de los interinos tiene más de cinco años de antigüedad, por lo que, además, le corresponde el máximo de carrera.

Cuestión a parte es el colectivo de sanitarios con 15.000 interinos. La sentencia sienta jurisprudencia por lo que el colectivo podrá ponerlo encima de la mesa para negociar o para ir a los tribunales.