La imposibilidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo para garantizar la paridad en el nuevo Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha bloqueado su renovación, pero no ha impedido que el enfoque de género haya ganado peso en la institución. De hecho, los cambios introducidos vía nombramientos de Presidencia de la Generalitat y la presencia de dos mujeres con marcado perfil feminista (Margarita Soler y Asunción Ventura) empiezan a notarse en unos dictámenes donde la perspectiva de género toma cuerpo. Tanto es así que son varios ya los informes del CJC en los que sacan los colores a las distintas conselleries por no profundizar lo suficiente en las políticas de igualdad en su normativa, sobre todo, aquella que regula el reparto de subvenciones.
La igualdad de género es uno de los ejes del Botànic e incluso tiene categoría de conselleria junto con la de Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Sin embargo, en la práctica, algunos departamentos descuidan esta cuestión cuando tienen la oportunidad de corregir las desigualdades existentes, ya sea porque evitan adoptar acciones de discriminación positiva amparadas por la ley, ya sea porque convierten los informes de impacto ambiental en puro trámite.
Ya con el anterior Consejo, bajo la presidencia de Vicente Garrido, la institución dedicó a esta cuestión una reflexión en su memoria. El CJC afeó al Ejecutivo que sus informes de impacto de género no cumplían su función principal: es decir, analizar con datos concretos cómo la norma puede corregir o, en su caso, profundizar en determinadas situaciones de desigualdad.
Las conselleries se limitaban a incluir un documento en el que indicaba que la medida en cuestión no afectaba a la igualdad entre hombres y mujeres. Pese a la advertencia, no parece que el nuevo Consell se haya esmerado más. Y el nuevo Jurídico lo deja constar en unos dictámenes en los que es visible la existencia de dos consejeras con una reconocida formación en asuntos de género. Hay varios informes en los que afea los informes de género. Por ejemplo, cuando se informó de la orden de ayudas sobre participación en las ferias internaciones del sector del libro. «Cómo mínimo deberían contener las cifras desagregadas por sexo de hombres y mujeres, editores, escritores e ilustradores, así como la posición que ocupan mujeres y hombres en las asociaciones del sector del libro», advertían. Solo con esta información se podría determinar «si la norma de referencia tiene impacto de género positivo o negativo y en base a ello poder adoptar medidas para favorecer la igualdad de mujeres y hombres».
También son frecuentes las recomendaciones para ir más lejos en medidas de acción positiva. Hay textos completos con argumentación sobre las políticas de género, aunque en ocasiones las sugerencias caen en saco roto. Así, se pronunció el CJC en la orden emitida por la Conselleria de Educación para regular las ayudas a la investigación científica, un campo donde las mujeres están infrarrepresentadas. En su dictamen, el órgano consultivo hacía notar a la conselleria que tal como estaba redactado uno de los requisitos podía tener un impacto desfavorable por razón de género ya que la orden valoraba los sexenios de los aspirantes en investigación.
El CJC hace notar el hecho de que «la estructura de la sociedad sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad en cualquiera de los ámbitos teniendo capacidades equivalentes o superiores». Y ocurre, añaden, que los hombres tienen un porcentaje superior de sexenios reconocido más alto que las mujeres, también en la Comunitat Valenciana, «diferencia que se incrementa en la medida que van subiendo de categoría profesional». Todo ello, dice el CJC tiene un efecto limitador para que las investigadoras puedan acceder a estas investigaciones.
Para completar su argumento, el CJC recordaba que en 2015,en las ayudas Prometio, de los 21 proyectos concedidos, sólo tres tenían una mujer como investigadora principal. Todo ello, llevó al CJC a proponer a la conselleria que eliminara el requisito de los sexenios e introdujera otras medidas de acción positiva «para facilitar el acceso a las mujeres a las subvenciones contribuyendo a eliminar los sesgos de género».
La observación, sin embargo, fue ignorada por la conselleria, que sí tuvo en cuenta otras recomendaciones para mejorar la redacción de las medidas de discriminación positiva. El Jurídic también hace menciones continuas a la necesidad de acabar con el lenguaje sexista en la normativa de la Generalitat y recuerda la guía oficial de lenguaje inclusivo.
