Intersindical Valenciana criticó ayer el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que, como adelantó Levante-EMV, rebate el grueso del requisito lingüístico que el Consell quiere aplicar. El documento, a su juicio, responde a un «posicionamiento político» y es «ideológico y no jurídico». Así lo manifestaron después de que el órgano señalara que el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales «impone» a los altos cargos el uso del valenciano, y a los contratistas la utilización de esta lengua en las licitaciones.

«Es evidente que la situación social y oficial del valenciano está muy por debajo de la del castellano, y que para conseguir la igualdad lingüística son necesarias medidas legales que vayan en este sentido», afirmó el sindicato. Asimismo, denunció la omisión en el dictamen de las propuestas de mejora que realizaron en el plazo de información pública, y criticó que el informe sí cita las aportaciones de otras organizaciones, «como los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos».

«El CJC entiende que se puede usar el valenciano, pero en ningún caso más que el castellano, ya que su estatus deriva de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como si ese no fuera el caso del valenciano», lamentaron.

Para Intersindical, «donde el CJC más se delata» es en la observación sobre el artículo 26, en la que el órgano considera que «cualquier acto administrativo que haya de tener efectos fuera de la Comunitat habrá de ser redactado necesariamente en castellano». «Ignorando 46 sentencias, aún se atreven a afirmar que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes y que si queremos comunicarnos con Cataluña y las Baleares lo tenemos que hacer en castellano», criticó.