No basta con prohibir que Miguel López acceda a Novocar, hay que ampliar la orden de alejamiento también a los trabajadores. Éste será uno de los argumentos de la Fiscalía de Alicante para recurrir las medidas cautelares acordadas por el juez para el presunto autor del crimen de la viuda de Vicente Sala, que salió de prisión el lunes tras pagar una fianza de 150.000 euros. El magistrado José Luis de la Fuente le puso en libertad bajo fianza y le impuso otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y de acceso a las instalaciones de Novocar para evitar que pueda presionar a los testigos. Miguel López pasó ayer su primer día en libertad desde su encarcelamiento el 10 de febrero.

La Fiscalía recurrirá el auto por el que se acordó el lunes la libertad bajo fianza, pero alternativamente planteará que se amplíen las medidas cautelares contra el sospechoso. Para el Ministerio Público, la mera prohibición de acceder a la empresa no garantiza que el sospechoso pueda contactar de otra manera con los trabajadores y presionarles para que intenten cambiar su declaración. Uno de los motivos por los que la Fiscalía pedía que Miguel López continuara en prisión era el riesgo de que pudiera coaccionar a sus empleados para que cambiaran aquellos aspectos de su declaración que más podían incriminarle. Otro de los aspectos valorados era el riesgo de fuga.

Medidas cautelares

El juez consideraba que con el grueso de la investigación y, sin que hubieran aparecido pruebas incriminatorias para el sospechoso, había otras medidas menos drásticas que la prisión para poder limitar estos riesgos de los que hablaban dos de las acusaciones a la hora de pedir que se mantuviera el encarcelamiento.

María del Carmen Martínez murió asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche en Novocar, empresa de automoción del grupo familiar y que está regentada por el yerno de la fallecida. Éste fue detenido casi dos meses después como presunto autor material del crimen.

Aunque no hay pruebas directas contra él, la investigación se ha basado en los indicios que señalan a Miguel López y que se apoyan en parte en lo que los testigos han manifestado. A lo largo de la investigación, se han denunciado presuntas presiones a los trabajadores desde los dos bandos. Algunos llegaron a matizar sus declaraciones en la Comisaría.

Desde la Fiscalía se tiene en cuenta también que algunos de los testigos cuyo testimonio tiene relevancia para la investigación ya no están en Novocar, bien por estar de baja o bien por haberse cambiado de empresa, después del asesinato.

Entre los trabajadores a los que el fiscal quiere mantener lejos del sospechoso está el encargado del lavadero, Herminio Fuentes, que fue quien halló a la víctima esa tarde y a quien Miguel López había enviado a cargar muebles a otra nave. También figura el jefe del taller, Israel González, que aseguró que Miguel López dijo que se encargaría personalmente de entregar a su suegra el coche; así como Cristina Rosa Lillo que fue quien llamó a la víctima para que fuera a recoger el vehículo el viernes a última hora de la tarde. Herminio está de baja, mientras que Israel ha cambiado de empresa y Cristina sigue en Novocar. El fiscal quiere que el sospechoso no pueda acercarse a los trabajadores, ni contactar con ellos, con independencia de dónde se encuentren y tanto de manera directa como a través de intermediarios.

El recurso se presentará en reforma ante el propio juez instructor y, en función de cuál sea su resolución desde el Ministerio Público se planteará si apela o no ante la Audiencia Provincial. Por su parte, la acusación particular que ejerce Vicente Sala Martínez, hijo de la víctima, se encuentra perfilando todavía si presenta recurso ante la decisión del juez de acordar la libertad bajo fianza.