El presunto cabecilla de la trama de adjudicaciones millonarias de la Conselleria de Sanidad y el Hospital General de València, Sergio Blasco, eludió ayer a media tarde pasar el fin de semana entre rejas después de que el juez encargado del caso Osvaldos decretara su ingreso en prisión eludible con una fianza de 80.000 euros. Su mujer logró reunir la cantidad exigida y entregó el justificante bancario en el Juzgado de Instrucción número nueve, en funciones de guardia, para que su marido pudiera salir en libertad minutos antes de las seis de la tarde.

El sobrino del exconseller Rafael Blasco prefirió no hacer declaraciones a su salida, al igual que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, ya que la causa sigue bajo secreto de sumario y desconoce los pormenores de la acusación que hay contra él, según fuentes jurídicas. Un familiar, en un vehículo de alta gama de color rojo, recogió al acusado tras salir de los calabozos.

Los otros seis detenidos el jueves por la UDEF de la Policía Nacional puestos ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de València por su presunta relación con el entramado empresarial vinculado a Sanidad y dedicada supuestamente al amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales entre 2005 y 2014, quedaron en libertad con cargos. La causa está abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude y cohecho, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Asimismo, hay otras dos personas investigadas, que fueron arrestadas en Madrid y Alicante, y un tercero que acudió ayer por la mañana voluntariamente al juzgado después de que la policía le citara a declarar el jueves y éste manifestara que se encontraba en Santander. Éste último fue el primero en quedar en libertad después de acogerse también a su derecho a no declarar.

Además de la fianza de 80.000 euros impuesta a Sergio Blasco, el juzgado acordó libertad bajo fianza para dos de los arrestados, Francisco José Escandell y Miguel Sanfélix, los empresarios que actuaban como presuntos testaferros de la trama. Para cada uno ellos, el juez fijó una fianza de 35.000 euros y les dio de plazo hasta el próximo día 28 de marzo a las 14 horas para depositar el dinero. En caso contrario, deberán ingresar en prisión. Para Francisco José Blasco, hermano de Sergio y sobrino también del exconseller encarcelado por el caso Cooperación, el fiscal no solicitó fianza alguna. Inicialmente para su hermano, exgerente del Hospital General, la Fiscalía Anticorrupción había pedido 180.000 euros de fianza, que el juez rebajó en 100.000.

Respecto a las medidas cautelares adoptadas, el instructor le ha retirado el pasaporte a todos los investigados, con la prohibición de salir del territorio Schengen, exceptuando al principal encausado, Sergio Blasco, a quien no se le ha limitado dicha posibilidad al estar trabajando como asesor de un hospital en Santo Domingo (República Dominicana) y considerar que dicha medida sería excesivamente dura. Asimismo, se les ha impuesto la obligación de acudir a firmar una vez al mes durante la instrucción del caso, en el que se han llevado a cabo 18 entradas y registros en domicilios particulares de los investigados y en las sedes sociales de las empresas en València, Alzira, Mislata, Paterna, Xirivella, Alicante y Madrid.

Cuatro piezas separadas

La investigación que ha permitido destapar este entramado se inició en 2014 a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Existen cuatro piezas separadas a raíz de las denuncias que Esquerra Unida (EUPV) presentó en Anticorrupción. La primera de estas piezas por las que incoó diligencias el Juzgado de Instrucción número seis de València fue el llamado caso Abucasis, que destapó Levante-EMV, y que salpicaba directamente al propio Rafael Blasco, en prisión por el fraude de las ONG. Asimismo, una de las piezas, referente a los trabajos de Sergio Blasco, su sobrino, en Perú, fue ya archivada. Mientras que ahora, en esta nueva pieza, se investigan los contratos de Sanidad suscritos entre 2005 y 2014.