Comienzan a llegar las primeras sentencias de los juicios que desde el pasado mes de enero se están celebrando por toda la provincia de València a cuenta del conflicto abierto entre los municipios pequeños y la Inspección de Trabajo. Según informaron fuentes de la Seguridad Social a Levante-EMV, de los cinco primeros fallos, ninguno ha sido favorable para los ayuntamientos, defendidos por la Diputación de València.
El conflicto arrancó hace alrededor de un año. Agentes de la Inspección de Trabajo visitaron los 187 municipios valencianos de menos de 5.000 habitantes para recabar información sobre unos convenios que se firman a tres bandas desde hace casi 30 años. Por una parte la diputación, por otra los consistorios y por otra los colegios profesionales de técnicos. El objeto es que los pueblos pequeños, con menos capacidad financiera para asumir en sus plantillas a arquitectos, ingenieros y demás profesionales de perfiles especializados superiores, puedan contar con estos servicios. Para ello, se les contrataba como autónomos y un mismo empleado realizaba trabajos para más de una localidad.
Este hecho fue calificado de «irregular» por parte del organismo de la Seguridad Social, quien denunció y exigió que se contrataran a estos expertos como asalariados y el pago inmediato de tres millones de euros en concepto de las cotizaciones de estos trabajadores de los últimos cinco años.
Ahora, los ayuntamientos de Potríes, Almoines, Llanera de Ranes, Benissuera y Riola se han convertido en los cinco primeros municipios que han perdido la causa contra Inspección. Previamente se habían ganado dos casos, pero según informaron fuentes consultadas, no se enmarcaban en los convenios firmados por la diputación, sino que se trataba de conflictos entre particulares.
En la sentencia de Potríes, a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado apela a la jurisprudencia y cita otros pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia como el de Aragón, Cataluña o Navarra, así como del Tribunal Supremo. Los fallos, de diferentes partidas judiciales, han sido firmados por tres magistrados de diferentes juzgados de lo Social, y desestiman el argumento de la defensa, basado, entre otros pilares, en que los consistorios tienen limitación presupuestaria. Además, consideran suficientemente probado los «indicios de laboralidad», es decir, la dependencia y la relación entre los técnicos y los municipios.
«Recurriremos hasta el final»
El resultado de estas sentencias no ha pillado por sorpresa a la diputación, institución desde la que reiteran su «apoyo a los municipios». Así, anunciaron que recurrirán «todas y cada una de las sentencias desfavorables» que vayan llegando. «Se llegará hasta donde haga falta», informaron fuentes de la corporación, quienes añadieron que no les parece «justa» la actitud de la delegación del Gobierno de la C. Valenciana porque «no ha defendido a los pueblos valencianos».
En este sentido, manifestaron que todavía esperan una reunión con Tesorería para buscar una solución dialogada, mientras trabajan en otro sistema que pueda sortear el conflicto abierto «justo cuando han entrado en la diputación el gobierno del cambio» . Se preguntan también si ahora Hacienda les devolverá el 21 5 de autónomo que pagaron a estos trabajadores.
