26 de marzo de 2017
26.03.2017

El PP critica los asesores de Oltra y que «el millón de euros que cuestan no vaya a empleo»

Betoret sostiene que la denuncia en Ferrocarrils pone «en jaque» a la consellera M.ª José Salvador

25.03.2017 | 23:10

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en las Corts M.ª José Català criticó ayer que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, «siga olvidando sus promesas y achaque su ineficacia a la falta de personal cuando no hace más que aumentar su nómina de asesores». Según la portavoz popular, Oltra ha pasado de 5 asesores en 2016 a 12 en 2017 «pero tememos que su falta de competencia no se resuelve con asesores como demuestra la gestión de la dependencia o los problemas que se ha generado a los centros especiales de empleo o a las familias numerosas», afirmó.

Català aseguró que «la vicepresidenta ya tiene séquito a sueldo: su consellería es la que más creció para 2017 en personal de confianza, pasando de 791.224 euros a 1.027.591 euros. Ahora suma y sigue la contratación de asesores invirtiendo en enchufados el millón de euros que falta para los salarios de los discapacitados de los Centros Especiales de Empleo», criticó.

De esta forma Catalá recordo la problemática surgida con estos centros y afirmó que «con ese millón de euros, el Consell cubriría los 28 expedientes que se ha dejado fuera por falta de crédito presupuestario».


Contrataciones «a dedo» en FGV

Por su parte, el portavoz adjunto del PP Vicente Betoret afirmó ayer que las contrataciones «a dedo» realizadas por el PSPV en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) son «la cara más amarga» del Pacto del Botànic porque evidencian «las luchas cainitas entre PSPV y Compromís» mientras «se pone en riesgo una entidad vital» para la vertebración de la C. Valenciana.

Betoret se pronunció así manera tras conocer que un sindicato ha decidido denunciar la contratación del ex número dos del PSPV, Francesc Romeu como director de Clientes y Accesibilidad de FGV. En este sentido, el portavoz adjunto recordó que esta denuncia pone en «jaque» a la consellera de Infraestructuras, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien en sede parlamentaria llegó a sostener que las contrataciones «se habían hecho con total transparencia y legalidad».

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