Un médico del Hospital Clínico Universitario de València, que en el momento de los hechos desempeñaba el cargo de Jefe del Servicio de Urgencias del citado centro hospitalario, se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel por sacar de la farmacia del hospital de forma fraudulenta un medicamento para la hipertensión pulmonar, y con aplicaciones terapéuticas contra la disfunción eréctil, a nombre de un supuesto familiar, incluso cuando éste ya había fallecido.

El acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro delito continuado de estafa cometido por funcionario público, llegó a sacar gratis hasta 14 cajas de Revatio, cuyo precio ronda los 500 euros cada una, entre octubre de 2009 y abril de 2011. En total la cifra presuntamente estafada a la sanidad pública se cifra en unos 7.000 euros.

Aunque no era su departamento, el médico acusado aprovechó su cargo como jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, así como su amistad con el por entonces jefe del Servicio de Farmacia, para prescribir el citado medicamento a un tío suyo que padecía hipertensión pulmonar. De esta forma retiraba personalmente periódicamente cada mes una caja de Revatio con comprimidos de 20 miligramos.

En septiembre de 2010 el familiar para el que supuestamente estaba sacando los fármacos falleció pero el facultativo siguió retirando durante meses de la farmacia del hospital este medicamento, que en el mercado negro se vende para combatir la disfunción eréctil.

Compañeros del procesado se percataron de lo que estaba ocurriendo y denunciaron los hechos en junio de 2011. Según alegó en su día el acusado, tras la muerte de su tío estaba sacando el medicamento para su padre. No obstante, según detalla, la fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, "ninguno de estos dos familiares padecía hipertensión pulmonar primaria ni ninguna dolencia que justificara la prescripción del citado fármaco". Incluso para el paciente que murió estaba contraindicado.

Un jurado popular juzgará esta semana al facultativo acusado, para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de prisión, así como cinco de inhabilitación y el pago de una multa de 6.000 euros. Además debería indemnizar a la Generalitat con 4.500 euros.