Fue la primera comunidad autónoma que apostó por dejar en manos privadas la gestión de todo un departamento público de salud y será la primera en deshacer el camino andado aunque bajo designios políticos opuestos. La Generalitat Valenciana ha activado el proceso para recuperar para la gestión pública el departamento de Alzira, el que dio nombre al modelo que se ha extendido y que ha cuajado en el extranjero.
Detrás está el compromiso del Pacte del Botànic que apuesta por una sanidad universal y, sobre todo, pública. Su objetivo para esta legislatura es desmontar la colaboración pública-privada en Sanidad de la que el PP se convirtió en abanderado ya fuera en los hospitales o las resonancias magnéticas. «Que nadie haga negocio con la sanidad», según han repetido hasta la saciedad.
Dejar en manos privadas Alzira fue un paso adelante hacia lo desconocido en su momento -con rescate económico incluido de por medio por la baja rentabilidad para la empresa- y ahora la reversión se antoja como un salto al vacío en una cuestión en la que no hay espejos en los que mirarse. El proceso, además, sentará precedente para hacer lo propio con los otros cuatro departamentos de salud que siguieron la senda del modelo Alzira, casi todos también de la mano de Ribera Salud: Dénia, Torrevieja, Elx-Crevillent y Manises y que no tienen fecha de caducidad hasta 2021 o 2024.
El reloj de la cuenta atrás acaba de ponerse en marcha planteando más de una incógnita en un proceso que implica directamente a la administración, a la concesionaria pero también a los casi 250.000 valencianos que son atendidos en el departamento y a los 2.000 trabajadores que ahora prestan sus servicios en el área.
El objetivo es que del 31 de marzo de 2018 al 1 de abril de 2018 no suceda nada más que un cambio de titularidad en los papeles pero tanto los trabajadores como todos los servicios de los centros de salud de la comarca y del hospital sigan funcionando sin problemas. Ese ha sido el compromiso de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en sus múltiples intervenciones en estos meses: «tranquilidad» ya que puestos y cartera de servicios se iban a mantener sino a aumentar.
Para hacerlo posible, la Conselleria de Sanidad ha remitido ya a la UTE Ribera Salud II las «normas» que debe cumplir para que el reenganche al sistema público se haga sin problemas y, sobre todo, sin repercusiones para los pacientes.
Por ahora, la administración ha demandado innumerable documentación sobre cómo funciona y cómo está organizado el departamento, cuánta gente tiene a su cargo, etc... y ha ordenado, entre otras cuestiones, que se empiece a trabajar con los mismos sistemas informáticos para evitar errores y pérdida de documentación y a dar cuenta de todos los pasos que la empresa dé en este último año.
Oposición de Ribera Salud
Tanto las normas como la obligatoriedad de rendir cuentas a la administración han sido recibidas con tibieza en una empresa que se ve abocada a perder el porcentaje más alto de negocio que mantiene actualmente con la administración valenciana y no están dispuesto a ello.
El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, ya ha anunciado que van a plantar batalla para intentar parar una reversión que achacan a un posicionamiento puramente ideológico y sobre el que no se sostiene, argumentan, la negativa de no prorrogar el contrato durante otros cinco años más. La empresa se defiende en sus buenas cifras en materia asistencial y que, por contrato, tienen limitadas las ganancias.
El recurso contencioso es más que seguro aunque fuentes de la empresa han adelantado que la pugna judicial podría embarrarse aún más con una querella contra los responsables de Sanidad.
La comunicación, según han asegurado esta semana, es «inexistente». Al clima de desencuentro entre administración y empresa no ayudan en nada ni los pleitos que ambos mantienen en los tribunales (el más importante la investigación abierta por la plataforma de compra B2B de Ribera Salud) ni acciones como la visita esta semana de un inspector al hospital de Alzira para comprobar in situ que no se estaba destruyendo documentación confidencial.
Pendientes de si los recursos ante la justicia pueden alterar el camino marcado de aquí a abril de 2018 -la empresa no ha confirmado si se pedirán medidas para paralizar de forma cautelar esta cuenta atrás ya iniciada-, el otro gran problema que se le presenta a la administración son los trabajadores.
No hay antecedentes de que una masa laboral de esta magnitud haya pasado directamente a la administración. Descartada la opción de que el personal fuera ya directamente estatutario (las oposiciones son ineludibles) hay que esperar todavía hasta la semana que viene para conocer los planes de Montón en este sentido, si habrá fundación o empresa pública que subrogue al personal o qué figura se utilizará para ello. Se baraja que los cerca de 1.800 trabajadores contratados por Ribera Salud pasen a depender del Consell como personal laboral indefinido no fijo con un calendario que marque cuándo se crearán las plazas oficiales que deberán ser cubiertas vía oposición.
Los sindicatos, en estos meses de conversaciones con la administración, están intentando que la mayor parte de los trabajadores se puedan jubilar en sus puestos aunque la conselleria debe encontrar la fórmula de equilibrio para que su hoja de ruta no reciba también fuego amigo del personal estatutario que sienta agredidos sus derechos.
Gran parte de esta hoja de ruta se desvelará este jueves 6 de abril en la mesa con los sindicatos. Seguirán faltando aún, sin embargo, doce largos meses para conocer el desenlace del mayor reto al que se enfrentará la conselleria de Carmen Montón en esta primera legislatura desmontar el modelo Alzira empezando por los mismos pilares.
