Ahora hay un compromiso de que los empleados del departamento de la Ribera van a poder jubilarse en sus puestos de trabajo tras pasar a depender de la Conselleria de Sanidad el 1 de abril de 2018 pero, ¿qué pasará cuando cambie el Consell? Esa es la pregunta que han lanzado desde el sindicato CSI·F, mayoritario en el departamento de salud ahora gestionado por la empresa Ribera Salud y desde el que han demandado más garantías jurídicas para asegurar a la plantilla frente a los cambios políticos.
La fórmula elegida para subrogar a los profesionales aún debe pasar una valoración de los servicios jurídicos del sindicato pero, por lo pronto, el presidente del área de sanidad del sindicato, Rafael Cantó ya ha augurado un panorama de «inseguridad» para los trabajadores, tal como apuntó el gerente del hospital de Alzira, Javier Palau. «Pueden estar ahora dentro pero, ¿qué pasará en unos años con el cambio de gobierno?, razonó Cantó.
El sindicato demandó el jueves al director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, mayores garantías jurídicas en la subrogación y que se reconociera, de alguna forma, la posibilidad ahora planteada de ocupar los puestos hasta la jubilación o el cese. Desde CSI·F tampoco tienen claro que la reversión vaya a ser a menor coste para la conselleria - «se ve que va a costar más de lo que hay ahora», dijo- al tiempo que puso en duda que la cartera de servicios, tal como ha prometido la consellera Carmen Montón, se mantenga en su integridad: «sería el único hospital comarcal con tan alta especialización», apuntó.
Nota discordante
La lectura de CSI·F, sin embargo, parece ser la nota discordante entre el resto de sindicatos que participan en la mesa sectorial de Sanidad. Con más o menos puntualizaciones, tanto CC OO como UGT o Cemsatse han valorado la hoja de ruta anunciada por la conselleria como un primer paso en el que trabajar que, por lo pronto, garantiza los puestos de trabajo. De hecho, parte de estos sindicatos incardinan esta idea de la falta de inestabilidad en el interés por «intoxicar» del que acusan a la empresa Ribera Salud. El sindicato médico Cesm, de hecho, contestó ayer directamente a Palau asegurando que era «falso» que los trabajadores de este departamento sanitario fueran a «perder derechos ni vean afectada su estabilidad laboral». La lectura general tanto de este sindicato como, por ejemplo, de CC OO es que la administración es más garantista que la empresa privada y que al menos los despidos arbitrarios «por deslealtad a la empresa o causas similares a los que acostumbra Ribera Salud», tal como aseguraron ayer desde Simap se habían acabado. Según fuentes sindicales, estas situaciones se habrían dado en tres ocasiones en los últimos tres meses.
La junta de personal mantuvo ayer una segunda reunión con la administración en la que ahondaron en diversos aspectos de la transición de los profesionales. La junta aplaudió que gracias a la reversión el personal estatutario iba a recuperar los derechos «que nos habían sido robados».
