El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a eludir en sus compromisos presupuestarios la remodelación de la red de vertidos de la Albufera, pendiente desde 2016 de un «modificado de obra» y que impide el cierre de cinturón sanitario que permitiría la recuperación medioambiental del parque natural valenciano.
En concreto, los presupuestos ignoran, y en el mejor de los casos «trasladan» a 2018, las soluciones pendientes en el saneamiento del Parque Natural de la Albufera, así como diversas demandas en la modernización del regadío hasta el punto de que la consellera de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, aseguraba ayer que «echaba en falta», en los presupuestos generales del Estado, un «compromiso real» con el agua, «más aún en la situación real» de la Comunitat Valenciana, tras padecer sucesivamente un periodo de sequía y una serie de temporales que han producido daños forestales y agrícolas.
«El Gobierno es conocedor de esta situación y de las peticiones que para paliar estos efectos hemos hecho al Ministerio de Agricultura por carta», explicó, para añadir que su equipo no había percibido «sensibilidad alguna» a sus demandas en los presupuestos.
Según fuentes de la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, los PGE han dejado de lado inversiones de 60 millones de euros que se encontraban «prácticamente comprometidas» y que no aparecen en los presupuestos.
Elena Cebrián expresó su malestar a Levante-EMV asegurando que «resulta difícil hacer la política del agua que pretendemos cuando las infraestructuras que dependen en mayor medida del Gobierno están infradotadas».
El Ministerio de Medio Ambiente ha pasado de hacer del inviable trasvase del Ebro el eje de todas sus políticas hídricas a carecer de cualquier iniciativa en el ámbito del agua.
Según se desprende de los PGE y de su programación hiperanual, no hay un euro ni para avanzar en las infraestructuras que requeriría un trasvase y tampoco para completar y permitir la entrada en operación de las desaladoras.
En el caso concreto de la Albufera, el inconcluso cinturón sanitario, iniciado en 2004, estaba destinado a impedir la llegada al lago de los caudales pluviales que se producen con las primeras lluvias en los que se acumula la contaminación y que son responsables de la introducción de toneladas de fósforo y otros contaminantes en el lago.
En 2004, el plan AQUA propició la construcción de un colector perimetral y de cinco tanques de tormenta que retendrían las aguas inicialmente para derivarlas después, una vez pasado el episodio de lluvias, a la depuradora de Pinedo.
Las infraestructuras diseñadas y ya ejecutadas han supuesto un desembolso de 50 millones para las arcas públicas, pero queda un modificado para hacer operativo el complejo que el ministerio evalúa en 12,4 millones, pero que invertirá en 2018 (8,2 millones) y 2019 (4.2 m.).
En el capítulo de inundaciones desaparece cualquier mención a las obras pendientes para proteger a las poblaciones de la ribera del Júcar de las avenidas de este río y únicamente se queda, como un faro aislado, una inversión de 3.850.000 euros para la laminación de avenidas en la Rambla Gallinera, en Oliva, aunque las obras no se han presupuestado hasta 2020.
Por último, la oscura gestión de Acuamed, con varios detenidos y un proceso abierto por el juez Eloy Velasco, se traslada a los PGE con varias partidas identificadas como «provisión de contingencias varias» o «liquidación de contrato de obra» que suman 12,2 millones en obras en la Comunitat Valenciana.
