Entre los compromisos no atendidos, la consellera subraya los 15 millones de euros que debían haber ido a parar a la modernización de la Acequia Real, donde se avanza muy lentamente desde que el Gobierno se comprometió a ejecutarla en 2002.
Destacan también los 30 millones de euros que requiere la reparación de la Balsa de San Diego en Villena, sin la que no es posible la distribución de caudales del Júcar-Vinalopó. El Gobierno ha trasladado a 2018 ( en 2017 invertirá menos de lo que cuesta un piso en los suburbios: 50.000 euros), el importe principal de la reparación (6,4 millones), que se prolongará hasta 2019 (17,4 millones), según el calendario inversor que impide el aprovechamiento de una infraestructura en la que se han invertido hasta ahora 400 millones de euros.
Otras obras aparcadas hasta 2018 o el horizonte 2020 son las relativas a las desaladoras construidas en la costa valenciana por el Gobierno Zapatero, y que en muchos casos seguirán sin poder entrar en servicio debido a la falta de conexiones y depósitos de regulación no contemplados en los PGE para 2018.
Según el análisis que realiza la conselleria, los presupuestos suponen una «notable reducción» del presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (prácticamente la mitad que el año pasado) y que afectará a la limpieza de cauces, restauración hidrológico forestal y actuaciones para paliar la sequía.
Además, quedan pendientes el incremento de la capacidad de desagüe en zonas inundables como las de Carcaixent y Orihuela o el acondicionamiento de las cuencas hidrográficas para la prevención de incendios para los que se han presupuestado únicamente 1,2 millones de euros.
Finalmente, existe una partida de 3,5 millones de euros en sanidad vegetal que aparecía en los presupuestos de 2016 y desparece en los de 2017 así como diversas ayudas a cultivos afectados por las lluvias torrenciales pendientes de un real decreto de ayudas.
