P Esta semana ha estado marcada por el hachazo inversor del Estado a la Comunitat. ¿Cómo afecta el recorte a su departamento?
R Estoy absolutamente decepcionada con el Gobierno de Rajoy porque las cuentas ponen de manifiesto la discriminación a la que está sometida la Comunitat. En el ámbito de Justicia no hay compromiso con las infraestructuras y sí una falta de hoja de ruta para su modernización tecnológica.
P El recurso del Consell al Constitucional contra la infrafinanciación fracasó. ¿Fue un error?
R En ningún momento fue un error. Fue la única vía a la que nos abocó un Gobierno incapaz de sentarse con el presidente Puig. No tuvimos más remedio. Y fue preocupante que el TC, con una media de resolución de esos conflictos de 5 y 7 años, tardara 4 meses en ventilarse el recurso. Habrá que buscar una solución porque la situación es insostenible.
P ¿La vía judicial está cerrada?
R Está cerrada porque las leyes sólo se pueden impugnar vía Tribunal Constitucional.
P ¿Qué alternativa queda? Hay quien habla de movilizaciones.
R Yo espero que no se aprueben estos presupuestos. Creo en el diálogo, pero las cuentas me parecen insultantes. No se puede machacar con esos agravios comparativos para dar satisfacción a intereses políticos. Después de tantos años de mantener posiciones enfrentadas con Cataluña, ahora creen dar una solución incrementando inversiones, pero es tarde.
P Hablemos del requisito lingüístico para el acceso a la función pública. La sensación que ha quedado es que Compromís le ha ganado la mano con un texto mucho más exigente del que usted presentó en un inicio...
R No podemos hablar ni de vencedores ni vencidos. ¿Hubo tensión?, sí, pero no podemos decir que Compromís ganó o que el PSPV, cedió. La propuesta que el secretario autonómico (Ferran Puchades) me presentó en nombre de Compromís iba más allá del acuerdo que alcancé con el conseller Marzà. Defendían la exigencia del requisito también en la promoción interna y eso no se ha tocado. Se ha modificado la parte referente al tiempo del que dispondremos para el reglamento y una vía para que el requisito no quede fuera de la ley.
P Para que la ciudadanía lo entienda. ¿Con la nueva ley de empleo público todo el que aspire a una plaza deberá acreditar previamente que sabe valenciano?
R Eso es lo que dice la ley. Tendrá que tener una acreditación, pero el Constitucional exige que el nivel sea proporcional a la función desempeñada. El 95% de los 17.000 empleados del Consell tiene alguna capacitación. Lo más importante es no utilizar el valenciano como un problema ni considerarlo como una barrera para acceder a la función pública. Cualquier valenciano que se esté preparando oposiciones, seguro que trae ya un nivel de conocimiento. No sé donde está el problema.
P Pero no todo el que oposita puede acreditar que sabe valenciano...
R Para que el valenciano no sea problema tiene que estar resuelto en el sistema educativo. A mí no me hicieron ningún examen sobre gramática castellana cuando me presenté a la judicatura.
P ¿Podría explicarse?
R Me preocupa que alumnos que han estudiado durante tantos años en valenciano luego salgan sin ninguna certificación de un «mitjà» o luego suspendan esos exámenes. Algo no se está haciendo bien. Es un problema educativo, que ya le trasladé al conseller. Hay que hablarlo tranquilamente. Lo más importante es integrar la lengua con normalidad. Como valenciana debo saber dirigirme a un ciudadano en valenciano y la educación me debe facilitar los instrumentos necesarios.
P ¿El Consell está yendo muy deprisa con sus iniciativas a favor del impulso de valenciano?
R Hay un interés de la oposición en convertir la lengua en problema. Es una irresponsabilidad. La lengua es parte fundamental de nuestra identidad. El discurso se ha radicalizado para fomentar el desasosiego. Y quiero transmitir un mensaje de mucha calma, el reglamento determinará de forma proporcional el nivel de exigencia respecto a las funciones porque el enfoque es el derecho del ciudadano más que la exigencia de requisito.
P La ley recoge una excepción para sanidad. ¿A qué se refiere?
R A aquellos casos en los que no se disponga de personal que tenga la capacitación lingüística para un determinado puesto, pero la sanitaria está más que demostrada. Si a cualquier enfermo usted le pregunta si quiere el médico que más sepa o el que mejor hable valenciano, van optar por la salud y por la vida. Esto no significa que los médicos estén excluidos, se relacionan con el paciente y éste tiene derecho a expresarse en su lengua, pero debe haber un marco mayor de excepcionalidad y evitar que una regla demasiado restrictiva impida que la Comunitat pueda contar con los profesionales mejor cualificados para la medicina.
P En los actuales baremos, el superior cuenta más que un doctorado.¿Qué opina?
R Que si analizamos la propuesta como medida para reactivar el uso del valenciano es positiva. Si la valoramos en puridad, que está desproporcionado. En todo caso, esta baremación se remonta al PP.
P ¿Marzà pactó con usted el decreto sobre uso del valenciano en la Administración?
R El borrador llegó, como llegan otras normas, al servicio jurídico de la Dirección General de Función Pública. Se estudió. Lo que se intentó en las reuniones es que se acomodara a lo que establece a la Ley de Uso del Valenciano.
P Hay un apartado que obliga a los altos cargos a usar siempre el valenciano en sus intervenciones. ¿Qué le parece?
R Que hay que reescribirlo, no se puede imponer como una obligación. Existe un derecho a usar el valenciano en la Administración y se puede hacer una recomendación, pero no con carácter imperativo.
P ¿El meztizaje en el Consell funciona?
R Creo que sí. Ha aportado una mayor pluralidad en la visión de la gestión. Más allá de los roces caminamos a un lugar común, al servicio público.
P ¿El problema competencial con Oltra con las oficinas de víctimas del delito está resuelto?
R La competencia en materia de víctimas del delito la tiene mi conselleria. Lo dice la ley. El conflicto no fue por cuestionar mis competencias sino por la coordinación del protocolo de aplicación en las oficinas. Obviamente hay que tener en cuenta a otras conselleries y la de Igualdad tiene la competencia en violencia de género, pero la de coordinación es también de la Conselleria de Justicia.
P Ese es uno de sus proyectos estrella. ¿Por qué el retraso?
R Estamos en el proceso de extinción de Favide y de creación de nuevas plazas. La asistencia va a ser multidisciplinar: habrá letrados, trabajadores sociales, psicólogas. También había que adecuar las infraestructuras. Queremos una sede digna donde se atienda con rigor y privacidad.
P Esta semana PSPV y Compromís han votado divididos sobre la custodia compartida. ¿Cuál es su postura?
R Soy partidaria de la custodia compartida como una de las vías que debe valorar el juez ante un conflicto familiar, pero absolutamente en contra de la norma que el Constitucional declaró inconstitucional. Establecer la custodia compartida como medida preferente y automática es un verdadero error y ha ocasionado mucho dolor a las mujeres, sobre todo, a las maltratadadas y a sus hijos.
P Hay quien asegura que usted está deseando volver a Madrid...
R Pues lo siento por los que me quieren devolver a Madrid, tengo mi familia aquí, he vuelto a mi casa y estoy encantada de formar parte de un proyecto progresista.
P ¿Pedro o Susana?
R (Risas) No pertenezco a ningún partido. A Susana no la conozco, pero me parece que tiene un proyecto potente, capaz de ilusionar.
