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Investigación

Un juez investiga una red de funcionarios de puertos por beneficiar a negocios en el parque natural de Serra Gelada

El fiscal abrió diligencias por delito medioambiental y también por tráfico de influencias y prevaricación

Un juez investiga una red de funcionarios de puertos por beneficiar a negocios en el parque natural de Serra Gelada

El juzgado de instrucción número 3 de Benidorm investiga una red de funcionarios de Puertos y Costas de la Generalitat por presuntamente haber beneficiado negocios en el parque natural de la Serra Gelada, concretamente en la conocida como isla de Benidorm, y en otras instalaciones portuarias controladas por la Administración autonómica en Calp, Dénia y la Vila Joiosa. El fiscal de Medio Ambiente ya había abierto una pieza separada contra estos empleados públicos en sus pesquisas contra las empresas que se han instalado de manera ilegal en el espacio protegido. Fuentes de la Conselleria de Vivienda explicaron que en septiembre de 2016 abrieron una «información reservada» sobre la actuación de sus trabajadores y concluyó que «no existía causa para iniciar un procedimiento disciplinario».

La investigación arranca de una denuncia de la Asociación Costa Blanca contra las empresas Cerbuques y Excursiones Marítimas de Benidorm por tener desde hace cincuenta años un restaurante ilegal en la isla de Benidorm, el conocido archipiélago de la capital de la Marina Baixa que visitan a diario miles de turistas. En la investigación que han realizado detectives privados -y cuyo informe obra en poder de la Conselleria de Vivienda- se acusa a tres funcionarios de la Administración de estar «compinchados» con estas mercantiles para beneficiarlas. De hecho, la denuncia medioambiental se ha ampliado a otra por prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y amenazas. La fiscalía ha asumido la causa hace varios meses y el juzgado en las últimas semanas. En estos momento el caso está en proceso de trasladarse a los juzgados de Alicante al haberse denunciado hechos similares en localidades como Calp, Dénia y Alicante.

La denuncia de la asociación empresarial apunta directamente al celador del puerto de Benidorm, Fernando Piris; al ingeniero técnico responsable de los puertos de Alicante, Agustín Lloret, y al jefe de Explotación de Puertos de la Generalitat Valenciana, Julio Mariano Marín Sánchez. Todos ellos fueron cargos que accedieron a sus puestos en 1995; en el caso de Marín fue nombrado en un puesto de confianza por el conseller de Obras Públicas Fernando Cartagena.

La investigación de la fiscalía indaga en si los tres funcionarios se confabularon para que Cerbuques y Excursiones Marítimas de Benidorm «se beneficiaran de la actividad sin ningún permiso y sin pagar a la Generalitat». Según el informe de los detectives privados aportados a la causa, este restaurante ilegal en la isla de Benidorm y sus actividades vinculadas han conseguido ingresos de más de dos millones de euros al año sin ninguna fiscalización al no existir en el ordenamiento urbanístico. Recientemente la policía de la Generalitat inició una investigación al negocio y ha acreditado la falta de permisos. La Agencia Tributaria ha recibido información para indagar en la posible evasión de impuestos ya que el negocio ha trabajado presuntamente si rendir cuentas al fisco en toda su trayectoria.

La denuncia contra las empresas y los funcionarios asegura que se habrían concertado para dejar de declarar pasajeros que viajan desde el puerto de Benidorm a la isla, en concreto 261.162 personas que no habrían computado para el correspondiente pago del amarre en los últimos cuatro años. Esto habría supuesto un perjuicio para la Generalitat de 23.872,94 euros, según los cálculos de la Asociación Costa Blanca Marina. Además, añaden, «como se habrían ocultado más de 260.000 pasajeros en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que se facturan entre 10 y 15 euros por viaje se podría haber ocultado a la Agencia Tributaria un importe de 2.611.920 euros, más toda la actividad de restauración que se habría consumido en el restaurante de la isla de Benidorm».

Vinculaciones familiares

La denuncia aporta pruebas del posible trato de favor de los funcionarios. El hijo de uno de los funcionarios, concretamente el celador del puerto de Benidorm, trabaja en la empresa que supuestamente se habría beneficiado del trato de favor del empleado público de la Generalitat.

La Conselleria de Vivienda fue consultada por Levante-EMV sobre la investigación abierta por el fiscal y el juez. Desde el departamento que dirige María José Salvador entienden que la denuncia es un conflicto entre empresas privadas pero que se ponen a disposición de la Justicia para aclarar cualquier duda. Las mismas fuentes defienden que iniciaron un proceso interno tras la denuncia inicial de Asociación Costa Blanca Marina y que no hallaron motivo para abrir un expediente disciplinario.

Sobre si hubiera existido una falta de diligencia o trato de favor por parte de sus funcionarios en el control de pasajeros, desde la Conselleria de Vivienda explicaron que no es su competencia controlar los accesos a la isla o el uso de embarcaciones. Solo a la hora de contabilizar el pago del amarre.

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