El grupo Ribera Salud que gestiona el hospital de Alzira ha recurrido las normas de la Conselleria de Sanidad y Salud Universal para la reversión del centro hospitalario al sistema público.
Según anunciaron ayer, la concesionaria de este departamento de Salud, la UTE Ribera Salud II, ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra las medidas intervencionistas del Consell, al considerar que «no se ajustan a la legalidad». «Por el bien de los ciudadanos», la empresa solicita la suspensión de la hoja de ruta que la conselleria marcó hasta 2018, al entender que las medidas «tomadas unilateralmente» podrían poner «en riesgo la calidad del servicio» que ofrecen a los ciudadanos, aseguraron ayer.
En concreto, la conselleria exige a Ribera Salud numerosa información, pondrá en marcha grupos de trabajo bilaterales y manda que, a partir de ahora, la UTE pida permiso a Sanidad para cualquier decisión que pueda comprometer el futuro del departamento más allá de marzo de 2018 lo que afecta desde nombramiento de personal, cambio en las condiciones laborales, la compra de bienes, los despidos o nuevas contrataciones, etc., como ya publicó Levante-EMV.
Este recurso contencioso-administrativo se presentó ayer, el mismo día en el que la concesionaria tuvo un encuentro «breve» con la Conselleria de Sanidad y en el que participaron el director gerente Javier Palau y el director económico Santiago Ribelles, por parte de la UTE; junto al director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, y la directora de Alta Inspección Sanitaria, Isabel González, por parte de la Generalitat.
Según fuentes de la conselleria, se trata de la primera de las muchas reuniones que tendrán lugar con cierta periodicidad a partir de ahora y durante el periodo de transición. Ayer no se habló de aspectos técnicos -para eso se han emplazado a la próxima reunión, después de Pascua- pero sí trasladaron «en persona» y de forma verbal las medidas que Ribera Salud ya conocía por escrito.
Asimismo, Sanidad pidió a La Ribera que cumpla los plazos de entrega de documentación para garantizar «la normalidad» del servicio tras la reversión, el 1 de abril de 2018, ya que «los pacientes están por encima de todos». En concreto, en las normas de reversión que la conselleria remitió a la concesionaria el pasado 27 de marzo, se daba como plazo hasta el próximo 1 de mayo para remitir la información sobre la estructura organizativa, recursos humanos y económicos, así como la actividad asistencial.
La concesionaria afirma que «al algunas peticiones de información» que realiza la conselleria «son irracionales» y «en algunos casos los plazos son técnicamente imposibles de cumplir», y critica que Sanidad les «somete» a un «intervencionismo no previsto en el pliego de condiciones que puede paralizar la gestión del departamento».
No obstante, fuentes de Ribera Salud aseguran que ellos «siempre» has tenido «voluntad de diálogo con la Conselleria de Sanitat», y ponen como ejemplo «que desde el pasado 31 de enero se ha solicitado semanalmente» y con «reiteradas peticiones», la celebración de reunión de Comisión Mixta, y todavía no se ha convocado», aseguran.
