El acuerdo alcanzado entre el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y los sindicatos mayoritarios a finales de marzo sobre mejora del empleo público, un compromiso plasmado en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2016, generó esperanzas al Consell para aumentar su plantilla sin vulnerar la ley. Sin embargo, un análisis más sosegado del documento económico ha rebajado las expectativas iniciales, al menos en lo referente a las ofertas de empleo público en la Administración del Consell, donde la tasa de reposición lleva años restringiendo las ofertas, un bloqueo que tiene como consecuencia un funcionariado envejecido y una tasa de temporalidad por encima del 30 %.
La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha hecho sus cálculos y si las cuentas de Rajoy se aprueban prevé la consolidación de unos 2.800 interinos y una oferta de turno libre de unas 340 plazas en 2017.
De ser así, el departamento de Bravo tendría una de cal y otra de arena. Más opciones para reducir la estabilidad y menos para la entrada de nuevos funcionarios. Hace ya casi un año que Bravo anunció su intención de convocar un proceso extraordinario para dar la opción de convertir en funcionarios a los cerca de 5.5000 interinos de la Administración del Consell, sin contar a sanitarios y docentes.
Bravo enmarcó entonces este proceso de regulación en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007. Esta cláusula prevé convocatorias especiales de consolidación de empleo en las que se debe garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pero con la opción de que en la fase de concurso se valore el tiempo de servicios prestados en la administración y la experiencia en los puestos de la convocatoria.
Sin embargo, en la hoja de ruta del Consell faltaba una cuestión fundamental: que el Gobierno de España abriera la mano en la ley de presupuestos y dejara claro que estos procesos de consolidación no contaban a efectos de incremento de gasto.
El compromiso de Montoro deja claro que ni la promoción interna (las plazas de las ofertas de empleo que sólo se ofrecen a los funcionarios para escalar posiciones) ni los planes de estabilidad no serían tenidos en cuenta a efectos de tasa de reposición siempre y cuando se basen en la citada disposición del EBEP. Esto significa que todas las plazas ocupadas por interinos puedan salir a oferta.
Justicia calcula que estarían afectadas 2.800 plazas. El proceso permitiría reducir a la mitad la interinidad en Función Pública. La reducción de la temporalidad en toda la Generalitat podría quedarse en un 10 % si los procesos de consolidación se extienden a Sanidad y Educación.
Ahora bien, el acuerdo, en caso de entrar en vigor, sólo es para la OPE de 2017, por lo que, advierten fuentes sindicales, la conselleria debe revisar su propia hoja de ruta y acumular todas las plazas para una misma convocatoria. Dicho de otra manera, la oportunidad será única para este ejercicio.
Respecto a las plazas de turno libre (sin ventajas para interinos), la cifra se queda en 340 porque la tasa de reposición sigue al 50 % para la administración burocrática, es decir, plazas de administración general que no afectan a sectores prioritarios como la Sanidad.
