La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha recurrido ante un juzgado de València la actuación de los ayuntamientos de Sagunt y de Silla por exhibir la bandera republicana y mantenerla en la sede consistorial desde ayer, al considerar que no se ajusta a derecho. En el recurso, se solicita además al juzgado que se tomen medidas cautelares y se suspenda la actuación.

Ante la llegada del 14 de abril -fecha en que se conmemora la proclamación de la II República-, la Delegación de Gobierno envió a distintos ayuntamientos un comunicado que recordaba la normativa que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.

En el caso de Silla, fuentes del gobierno local mostraron ayer su sorpresa por la denuncia ya que «no se ha colocado ninguna bandera republicana en la fachada del ayuntamiento sino que lo que se muestra es un cartel del homenaje al último brigadista, José Almudéver», uno de los actos de la Semana de la Memoria que han promovido numerosos consistorios de la comarca como Torrent, Paterna, Paiporta o Manises. Precisamente el Ayuntamiento de Paiporta colgó una bandera republicana en el Museu de la Rajoleria por este motivo y ha anunciado que la tricolor ondeará mañana, 14 de abril, en el edificio consistorial.

Por su parte, en Sagunt, el ayuntamiento siguió con sus previsiones de hace varias semanas y, a las 12.00 horas de ayer, colgó la bandera republicana, tanto del balcón de su sede principal como de la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt. Ediles del gobierno local de Esquerra Unida y Podemos no faltaron a una cita en la que sonó el Himno de Riego. «Estaba previsto en el acuerdo que aprobó el pleno para conmemorar el 86 aniversario de la proclamación de la II República», aseguró el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, en referencia a un punto del pleno de marzo en el que el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Aunque Fernández apuntó que la tricolor «se ha exhibido de manera muy puntual, sin transgredir la normativa de símbolos y sin colocarla en el mástil», esto último sólo se produjo en la sede principal del consistorio. En la Tenencia de Alcaldía, varias horas después, aún se podía ver en lugar de la enseña de la Unión Europea. «Eso no era lo acordado. Voy a ver qué ha pasado y quien haya hecho esto tendrá que dar explicaciones», adelantó. Fernández lamentó que la Delegación del Gobierno «se ocupe de estas cosas que no tienen trascendencia y no de evitar que el Gobierno siga burlándose de los saguntinos, saguntinas y del pueblo valenciano en general, discriminándonos en infraestructuras y en financiación».

Tras participar en la colocación de la tricolor, el teniente de alcalde y portavoz de EU, Guillermo Sampedro, defendió la medida y dijo no temer consecuencias. «Igual que colgamos la bandera del Sáhara o la del Saguntino, podemos colgar ésta», esgrimió. Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «Si hay que pagar una multa, en ningún caso saldrá del erario público. Organizaremos una colecta popular», aseguró a Levante-EMV.

Se pierde la «neutralidad»

Pese a esas explicaciones, el Gobierno considera que dicha decisión vulnera el artículo 4 de la Constitución y los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Así, entiende que los consistorios demandados infringen la legalidad vigente «al permitir y mantener la colocación en el edificio consistorial de una bandera (la republicana) que no tiene la consideración de bandera oficial del Estado Español, ostentando dicha condición únicamente la constitucional de 1978».

La Abogacía apunta que la utilización de una bandera no constitucional «vulneraría el principio de neutralidad y objetividad que debe regir toda actividad de una administración pública», en especial, si se utiliza un edificio municipal «para la exhibición de una bandera que refleja una determinada ideología» que «choca con lo dispuesto en la Constitución, que proclama que la forma política del Estado es la Monarquía Parlamentaria». En este sentido, considera que se difumina o se pierde «el carácter neutral y objetivo que, como institución pública, ha de presidir y guiar la actuación municipal».