El Gobierno central ha avalado a través de una respuesta parlamentaria la decisión de la Conselleria de Hacienda de mantener como reservada la información del Plan de Control Tributario (PCT) que ha solicitado el PP en las Corts y que ha supuesto además una demanda de los populares contra el Consell por vulneración de derechos.

Después de que el diputado del PP José Císcar solicitara una copia del PCT aprobado para 2016 -y que contiene datos de personas y empresas sobre las que se está investigando y el detalle de las actuaciones-, y de que el Govern se la denegase señalando que pondría en alerta a posibles defraudadores, el diputado del PSPV en el Congreso Julián López formuló una pregunta por escrito al Gobierno para que éste se pronunciara al respecto. «A juicio del Gobierno, ¿qué elementos del Plan de Control Tributario y Aduanero deben ser puestos en conocimiento de los diputados y diputadas del Congreso?», rezaba la cuestión planteada por López a la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado febrero.

La respuesta ofrecida por el Gobierno el 27 de marzo y hecha pública ahora parece avalar la decisión del Consell. «El carácter reservado del Plan de control tributario viene atribuido por la Ley, por lo que la Administración ha de respetar dicha previsión, en cumplimiento del principio constitucional de sujeción al ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 103 de la Carta Magna», indica el Gobierno en su respuesta.

Tras esta contestación oficial, el propio Julián López enfatizó ayer que «el Gobierno central desautoriza al PP de las Corts y deja en evidencia que lo único que persigue éste son sentencias contra el Consell para limpiar su pasado de opacidad. No buscan información ni documentos, sino confundir para lograr sentencias y así blanquear su trayectoria». «¿Para qué quiere la señora Bonig estos datos? -se preguntaba el diputado alicantino- ¿Quiere saber si se está investigando por fraude fiscal a dirigentes de su partido? ¿Esa es la confianza que tiene en ellos?».

Para López, es «muy lamentable la irresponsabilidad del PP con su actitud de pretender que se dediquen los recursos públicos al papeleo, y concentrar su labor política en obtener sentencias de los tribunales con las que, en realidad, no ejercen el control del Consell ni de su gestión tributaria, sino que únicamente buscan justificar su pasado en B de corrupción y opacidad, y quitar algo de espacio mediático al desfile de altos cargos de su partido por casos de corrupción».

«El problema -subrayaba ayer el diputado socialista- es que no dedican sus esfuerzos a plantear propuestas para generar empleo o facilitar la vida y las condiciones sociales de los valencianos y las valencianas, sino únicamente a rehabilitar políticamente su imagen».

Por último, López ha señalado que esta «desautorización» del Gobierno a la petición del PP valenciano es otro «fiasco para Isabel Bonig» similar a la desautorización que recibió desde Madrid por sus críticas a los presupuestos estatales o de la aceptación por parte del Ministerio de Educación de los argumentos de la Generalitat sobre el Programa de Educación Plurilingüe.

Cabe recordar que después de que Císcar solicitara una copia del Plan de Control Tributario, el Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, también elevó una consulta al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria y se comprometió ante el TSJ actuar con los datos del plan del Consell de la misma forma que ha de actuar el Estado con su Plan de Control Tributario. Además, Soler recordaba a Císcar que el artículo 95 de la Ley General Tributaria 58/2003, del Estado, establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, y que el artículo 116 de la Ley 58/2003, declara específicamente el carácter reservado del Plan de Control Tributario.

En este caso las consultas al ministerio y a la AEAT no han recibido todavía respuesta, algo que no ha impedido al PPCV formalizar su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por vulneración de derechos fundamentales.