El pobre oficinista Joseph K., en El proceso de Kafka, no sabía de qué se le acusaba ni quién había de juzgar sus presuntos delitos cuando, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana en su pensión. El profesor de Informática Abelardo Martínez sí que supo quién lo acusaba y por qué «delito» lo perseguían el día que abrió el buzón y vio la carta. La primera. Se iniciaba así una pesadilla burocrática de dos años y medio con aires kafkianos. El resultado de su proceso son 150 megabytes de ficheros digitales en formato comprimido, treinta cartas certificadas, un recurso al Tribunal Económico-Administrativo Regional, casi mil euros gastados en abogados y notario, muchos valium y consultas al médico por los efectos secundarios de un sufrimiento fácil de resumir: la Agencia Tributaria obligaba a Abelardo a demostrar que vivía en su piso porque, por el poco gasto de luz que habían detectado en su hogar, sospechaban que esa no era su vivienda habitual y le habían abierto una investigación. Le reclamaban todo el dinero que Abelardo se había desgravado por la compra de ese piso durante tres años, más los intereses correspondientes. Pero resumirlo sería vulnerar la esencia de una historia interminable, engorrosa y desasosegante.
Primero tuvo que acreditar la compra del piso formalizada once años antes: más de 20 euros en fotocopias. Luego se vio forzado a probar que aquella, donde estaba empadronado y recibía las nóminas o tenía domiciliada su hipoteca, era su vivienda habitual. «Presenté multitud de alegaciones, facturas, tiques de compra, justificantes, recibos de luz, agua, gas, servicios de internet, gastos de comunidad, contribución, certificado del administrador de fincas, declaración jurada de vecinos o un informe favorable de investigación de la Policía Local», desgrana Abelardo.
Amenaza de embargo
El relato asusta. Recuperó tiques de compra antiguos de los comercios cercanos a su vivienda. De una farmacia, de una tienda de ropa, de un supermercado. Extractos bancarios rutinarios del cajero más cercano. Todo para intentar probar que esa era su vivienda de uso cotidiano. Que no tenía otra en propiedad. Pero la maquinaria que tenía enfrente no se acababa de fiar. Ni de rendirse. Solo por un detalle: esa casa consumía muy poca luz.
El consumo medio anual por persona y año en España es de 1.100Kwh. La vivienda de Abelardo consumía mucho menos: en 2011, 126 Kwh; en 2012, 149 Kwh; en 2013, 225 Kwh. «La existencia de consumos tan bajos de energía eléctrica constituye un hecho objetivo que conduce a determinar que la vivienda por la que se deduce no constituye su residencia habitual y, por ello, no es admisible la deducción aplicada», dictaba el escrito de la Agencia Tributaria.
Y entonces ya fueron en serio. Le pidieron que devolviera los 2.294 euros desgravados, en opinión de Hacienda, indebidamente. Tenía 30 días. Si no, le amenazaban con embargarle la vivienda. Abelardo se asustó. Por consejo de un abogado, pagó. Y luego comenzó a reclamar.
La explicación que no convenció
Informó a Hacienda de un detalle que podía explicar la situación. El año anterior al bajón del consumo de luz sus padres habían vivido durante un tiempo en su casa porque estaban reformando su vivienda y no tenían otro sitio donde cobijarse. Por eso bajó tanto el consumo al año siguiente. También porque a Abelardo lo destinaron como profesor a Navarrés durante dos cursos y pasaba de lunes a viernes en un piso alquilado en la Canal. Pero permanecía más de 183 días al año en su vivienda de València y, por tanto, contaba como hogar habitual. Aportó todo lo habido y por haber. ¡Hasta el abono al gimnasio y la piscina del barrio!, a los que iba muchas tardes y por eso apenas estaba en casa. Que comía en casa de sus padres, ya mayores, y que a veces cenaba allí. Que todo ello ayudaba a explicar el bajo consumo energético.
La Agencia Tributaria siguió sin creer que Abelardo viviera en su casa, en la única que posee. A pesar de que había hasta un informe emitido por el intendente general jefe de la Policía Local de València: «Entrevistados varios vecinos han manifestado que D. Abelardo Martínez Serrano vive él solo en la vivienda sita en (…) y que tiene un ritmo de vida que no le permite estar en su interior muchas horas, pero que pernocta en la misma… y que acude a las reuniones que convocan los vecinos», dice el informe policial. De película.
Pero tras un recurso, el Tribunal Económico-Administrativo Regional le dio finalmente la razón en diciembre de 2016 al valorar el «cúmulo de pruebas» presentadas. Y advirtió la extrañeza ante tanta insistencia inspectora.
El pasado 16 de febrero le devolvieron el dinero. Le reintegraron los tres ejercicios que había tenido que devolver, más la cantidad de 2014 que permanecía retenida hasta la resolución final del caso. En total, 4.401 euros. Si ahora cuenta todo esto, asegura Abelardo, es para que no se produzcan más situaciones de este tipo. «Te sientes como si fueras un ladrón. Has de demostrar que eres inocente, cuando yo soy una persona legal y lo tengo todo en regla», dice el funcionario.
Abelardo considera que «es muy surrealista tener que demostrar que sí vives en tu casa». De película de Tarantino, añade. Más todavía, dice, al ver la laxitud con la que se han tratado los desmanes políticos y empresariales de esta época.
«Después de ver cada día la corrupción que hay, me siento indignado con lo que me ha pasado a mí», explica. Insiste en que hay muchas personas que son víctimas de esta misma situación, aunque el proceso no se demore tanto tiempo como él ha sufrido. Gastar mucha luz es malo. Gastar muy poca puede llegar a ser peor.
