Acabar con el «urbanismo especulativo» heredado de los anteriores gobiernos autonómicos. Rehabilitar las zonas degradadas por la caída poblacional. Reactivar la economía y generar mayor ocupación. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, desgranó ayer los objetivos de la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), cuya tramitación comenzará el próximo viernes 5 de mayo en el pleno del Consell.
El presidente del Consell participó en una reunión con la consellera de Vivienda, María José Salvador, para abordar las novedades legislativas y destacó el trabajo realizado por todos los expertos implicados. Después del encuentro, presentó las novedades de la ley. A su vez, estimó que la normativa afectará a unas 400.000 viviendas irregulares ubicadas en la Comunitat Valenciana que en la actualidad carecen de servicio de alcantarillado.
Esta bolsa de unidades urbanísticas está formada por dos tipos de parcelas principales: los llamados «diseminados» -viviendas solitarias construidas sin permisos en terrenos rústico- y las urbanizaciones iniciadas durante los años del auge del ladrillo que nunca fueron finalizadas.
Así, la modificación de la ley autonómica abre la puerta a estudiar cada caso «de forma singular» y las intenciones del ejecutivo autonómico pasan por «suturar la herida causada en nuestro territorio por culpa del urbanismo en B y la caótica herencia recibida», en palabras del propio Puig. Permitir una modificación correcta de los terrenos y minimizar el impacto paisajístico son otras de las finalidades del ejecutivo.
Por otra parte, otro de los focos del reglamento se centrará en las actuaciones a ejecutar en los llamados PAI (Planes de Actuación Integrada) fantasma: proyectos urbanísticos que se quedaron a medias o, incluso, nunca fueron iniciados por el promotor.
La Generalitat defiende dos tipos de intervención en este caso, a elegir por los ayuntamientos. La primera se refiere a los programas ya iniciados y «puedan ser viables». En este caso se permitirá la división de los sectores en unidades de ejecución más pequeñas y se podrá ampliar el plazo del proyecto en diez años.
Las intenciones de la Conselleria de Vivienda pasan por que los programas también puedan interesar a empresas del sector de la construcción de pequeño y mediano tamaño. Salvador explicó que «con esta opción ayudamos a las pequeñas y medianas firmas, que son las que forman la mayor parte de nuestro tejido productivo. Si los proyectos son más grandes están diseñados y destinados para grandes constructoras. Hemos querido ser más permeables y flexibles para favorecer a otro tipo de empresas».
El otro paradigma está marcado por aquellos PAI más «antieconómicos», que aún pueden ser revertidos y donde los terrenos afectados volverían a tener el status legal anterior. Desde el Consell apuntan que «hablamos de casos en los que los titulares de las parcelas están pagando hasta un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando no se ha construido. Creemos que es una situación injusta a la que también debemos dar solución quitando estas cargas económicas».
Las ATE son pasado
Por otra parte, en la nueva normativa también se apuesta por la potenciación de la figura del agente adjudicador, siempre controlada desde el sector público. Los ayuntamientos podrán definir aquellas zonas prioritarias en las que actuar en su municipio. Una vez fijados los terrenos, se tendrá que llegar a un acuerdo con los titulares -compra o expropiación- para actuar en los mismos. El objetivo es que los municipios delimiten las zonas más degradadas para potenciar su rehabilitación.
«Queremos trabajar con los ayuntamientos y adaptarnos a las necesidades, el urbanismo en los pequeños núcleos o en el mundo rural no es el mismo que el de las grandes ciudades», comentó la consellera de Vivienda. Por último, Puig expuso que la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) se sustituirá por la de Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES): «Pasamos del urbanismo especulativo al del interés general», apostilló.
