Corría marzo del año 2003 cuando el entonces embajador del Reino Unido en España, Peter Torrey, y el conseller de Obras Públicas de la Generalitat gobernada por el PP, José Ramón García Antón, mantuvieron un encuentro oficial a causa de los problemas ocasionados por la normativa urbanística autonómica a algunos ciudadanos ingleses que habían adquirido un inmueble en tierras valencianas. Con la palabra crisis aún por aparecer y en pleno «boom» del ladrillo, el problema se centraba en las actuaciones realizadas por los agentes urbanizadores cuando los ayuntamientos aprobaban nuevos planes parciales. Los adjudicatarios podían pedir compensaciones económicas por la realización de diversas obras de urbanización, como la adecuación de aceras o la construcción de alcantarillado.

A las casas con pozos ciegos afectadas -por ejemplo- se les podía exigir una cantidad económica o, incluso, expropiar parte de los terrenos sino pagaban. Así, parejas de jubilados extranjeros que habían comprado con sus ahorros casas que estaban en situación irregular se veían obligadas a efectuar nuevos dispendios económicos, aún cuando hubiera una hipoteca de por medio.

La situación conllevó incluso la creación de una plataforma de afectados extranjeros, bautizada como «Abusos urbanísticos NO», que llegó a ejecutar acciones de protesta en ferias inmobiliarias.

La prensa inglesa también se hizo eco de la polémica, llegando a aconsejar a los ciudadanos británicos que «esquivaran» la compra de viviendas en tierras valencianas. La problemática suscitada llevó al ejecutivo a remodelar la normativa urbanística.

Ahora, un nuevo reglamento inicia su tramitación. Y desde la Generalitat estiman que son cientos de miles las casas que podrían regularizarse que actualmente no disponen de un sistema de alcantarillado. La intención es atenuar su impacto paisajístico y mejorar las condiciones de los ciudadanos que viven en ellas.