El Consell quiere conocer el «estado de salud» de todas las viviendas de la Comunitat Valenciana que tienen más de 50 años. Por eso, en el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), se recalcará la obligatoriedad de que las construcciones anteriores a 1967 cuenten con el Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Dos leyes estatales -de 1994 y 2015- ya apuntaban que todos los inmuebles residenciales con 50 años deben someterse a una revisión, pero en la práctica solo disponen del IEE muy pocos, unos 7.917 en toda la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, que dirige María José Salvador, calcula que en total hay 716.000 viviendas con más de 50 años. De estas, solo las integradas en unos 94.000 inmuebles aproximadamente -las plurifamiliares- deben contar con el informe antes del 28 de junio de 2018, que es el plazo que el Estado fijó en la Ley del Suelo de 2015. No obstante, con las modificaciones de la Lotup también deberán revisarse de forma progresiva el resto de construcciones con más de medio siglo. Es la adaptación autonómica de la legislación estatal, que aún no se había adoptado y que así se ve ampliada.

Fuentes de la conselleria explican que este control -que deben realizar técnicos como arquitectos y aparejadores- «verifica las condiciones que presentan los inmuebles en cuanto a su estado de conservación, los principales desperfectos apreciados y las intervenciones que deben realizarse para rehabilitar o reformar» el edificio. Todo, con el objetivo de «garantizar las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural» de los inmuebles.

Como afirma Rebeca Torró, directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, «nadie cuestiona la ITV de un coche y todos sabemos que es necesaria para circular con él; con la vivienda debe pasar lo mismo». «Estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos», matiza. Torró también apunta que este informe debería tenerse en cuenta a la hora de alquilar o adquirir una vivienda, igual que pasa con el de consumo energético.

La obligatoriedad de realizar el informe corre a cargo de las comunidades de vecinos. Los propietarios deben contratar a técnicos que expidan un certificado que se remite a los ayuntamientos. Además de mejoras en la accesibilidad, incluida en las leyes actuales pero hacia la que no se tenía tanta sensibilidad en el siglo pasado, en estos edificios también suelen detectarse problemas energéticos, en los tejados, en las ventanas, en la estructura, o de humedades entre otros.

A pesar de que han pasado más de 20 años de la primera norma estatal que exige este control, hay una «falta de cumplimiento general». En la práctica, la Administración solo ha exigido estos informes como requisito para acceder a las ayudas a la rehabilitación de edificios u otras subvenciones públicas, y solo ocho municipios han incorporado la obligación en sus ordenanzas: València y la Vila Joiosa, que fueron los primeros en el 2000; y poco a poco Catral, Alcoi, La Nucia, Sagunt, Xirivella y Tavernes de la Valldigna. Junto a la Lotup, la conselleria también ultima la redacción de un decreto para poner en marcha un registro autonómico al que tendrán acceso todos los consistorios para hacer constar los IEE a través de una aplicación.

La obligatoriedad de contar con el informe «está regulada a nivel estatal, pero con la Lotup cogerá más fuerza y hará que los ayuntamientos la cumplan», apunta Torró, quien critica que en la anterior legislatura no se hiciera «hincapié» en este asunto, a pesar de que había un plazo de tiempo y ayudas estatales. «Las otras comunidades autónomas ya lo hacen, no podemos mirar hacia otro lado», asegura.

La rehabilitación, un sector dinamizador de la economía

Desde la Dirección General de Vivienda lamentan que la falta de interés por mantener y rehabilitar los edificios de más de 50 años ha llevado al «abandono» de algunos inmuebles o incluso a la «despoblación» de barrios históricos. Por otro lado, la conselleria recuerda que la rehabilitación urbana es un sector «especialmente dinamizador de la actividad económica, contribuyendo a la necesaria reactivación del empleo y, por ello, pieza clave para favorecer la recuperación económica».