La normativa estatal obliga a que los edificios plurifamiliares de más de 50 años dispongan antes de junio de 2018 de un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) que deben elaborar técnicos de diferentes colegios profesionales y debe remitirse a los ayuntamientos. A estos edificios, unos 94.000 en la Comunitat Valenciana, la reforma de la Lotup también sumará «de forma progresiva» el resto de construcciones elevadas antes de 1967, aunque el Estado no obligue a su supervisión. Se trata de garantizar la seguridad en todos los inmuebles.

La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, explica que esta obligación legal se va a implantar de forma «gradual» y siguiendo un calendario que se hará público en breve, y que tendrá en cuenta la fecha de finalización y antigüedad de los edificios.

Para facilitar el trámite y que no suponga una carga para las comunidades de vecinos, la Dirección General de Vivienda ha elaborado una Orden y la ha dotado con 467.600 euros que se destinarán a ayudas para sufragar el coste de los informes. Esta cantidad supone más del doble de la invertida en 2016, que fue de 201.839,06 euros. En total, el año pasado hubo 712 solicitudes de ayudas para la implantación de los IEE, de las que fueron concedidas 659, más del doble que en 2015 (252).

Según la Directora General, el aumento de las solicitudes de ayudas muestra que la Generalitat «ha ganado credibilidad» porque el del Botànic es «un gobierno que paga» y los ciudadanos se animan a pedir las ayudas.

Asimismo, la conselleria buscará la implicación de los municipios, con los que se sentará para este y otros temas en la Mesa de Rehabilitación de la C. Valenciana, que empezará a funcionar mañana.