La sección 1ª de la Audiencia de Valencia desoyó ayer a la fiscalía, a las acusaciones -excepto la popular que ejerce el PSPV y decretó que hoy se inicie el juicio del caso Emarsa por el saqueo de la depuradora de Pinedo pese a una posible causa de nulidad. El tribunal acordó apartar a José Luis Sena de la vista al haberse vuelto a quedar sin abogado defensor y para no dilatar más el proceso, que se ha aplazado en dos ocasiones. Así, Sena será juzgado en solitario cuando tenga letrado del turno.

La mayoría de partes que se opusieron -el Ministerio Público llegó a plantear un protesta- entienden que el inicio del juicio genera indefensión a los demás acusados y el proceso podría ser anulado por el Tribunal Supremo. En este caso, la vista se debería volver a celebrar con otros jueces «no contaminados».

Por su parte, el presidente de la sala, Jesús María Huerta Garicano, alegó que «la indefensión de Sena Gimeno no tiene por qué afectar a los 24 afectados restantes». Y añadió: «Y puesto que resulta extraordinariamente dificultoso la celebración del juicio en unidad de acto y hay un acusado en prisión provisional, el Supremo ha avalado en supuestos similares el enjuiciamiento por separado».

Varias defensas entienden que se pueden celebrar dos juicios cuando es el acusado el que no acude a la vista -como ya se había planteado cuando Jorge Ignacio Roca estaba en paradero desconocido- pero nunca cuando es el abogado defensor, según el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Cuando no comparece el abogado no existe razón para continuar con el juicio, necesariamente debe suspenderse», aseguraron las mismas fuentes. «Eso supone coartar el derecho de defensa porque se crearán situaciones irreconciliables cuando en un juicio un acusado deba acudir como imputado y en otro como testigo», añadieron.

Las fuentes consultadas entienden que el Tribunal Supremo, muy garantista en materia de procedimiento y defensa, podría anular la causa entera y beneficiar a los principales condenados. Si el alto tribunal lo anulara, se debería volver a celebrar pero con otra sala aunque con «dilaciones indebidas muy cualificadas» que podrían reducir las penas.

Por su parte, el socialista Ramón Marí, que ejerce la acusación popular, afirmó que «los acusados buscaban un nuevo retraso en el proceso y están utilizando todos los mecanismos para salirse de rositas». Fueron la única acusación que apoyó a la sala.