La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ve "conexidad" entre el exconseller de Solidaridad y exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, y los presuntos delitos investigados en la conocida como 'trama del fuego', por lo que confirma que el caso debe ser instruido en Madrid, en la Audiencia Nacional, sin que se le pueda investigar a él por separado en la Comunitat.
Así consta en un auto, en el que el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por Castellano contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, adoptada en diciembre de 2016, de enviar a la Audiencia Nacional el caso Avialsa en el que figuran investigados, junto a Castellano, ex altos cargos de la Generalitat Valenciana y de la catalana y una treintena de empresarios.
Castellano recurrió esta decisión y alegó, en primer lugar, que no había indicios de que los hechos que se le atribuyen constituyan delitos conexos con aquéllos cuyo enjuiciamiento está atribuido a la Audiencia Nacional. Por otro lado, exponía que, aún en el caso de que mediara relación, conexión entre unos y otros, la nueva redacción de la Lecrim "exige" el enjuiciamiento separado.
En su recurso indicaba que no existía vinculación alguna entre las prácticas "colusorias" atribuidas a las empresas del sector de la aviación y destinadas a repartirse los contratos ofertados por las administraciones públicas y las decisiones que se le atribuyen a él para favorecer que este plan pudiera consumarse en la Comunitat con la contratación de la única empresa que licitaba en los concursos: Avialsa.
Asimismo, advertía de que la "excesiva complejidad" que provocaba la investigación conjunta generaba una dilación en el proceso que "debería evitarse" manteniendo la investigación de los hechos que se le atribuyen al exdelegado en un juzgado de la Comunitat.
En resumen, afirmaba que las prácticas que se le atribuyen no tienen vinculación con las prácticas que pudieran ser constitutivas del delito de alteración de precios en concursos criminales cometidos por una organización criminal que desarrolla su actividad en territorios de diversas Audiencias.
Ante ello, el tribunal le recuerda que no se está analizando un auto de procesamiento ni de incoación de la fase intermedia de procedimiento abreviado, sino un auto que acuerda que el conocimiento de los hechos de la 'trama del fuego' le corresponde al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
También sostiene que existe una "justificada conexidad" entre los hechos delictivos investigados que determinan la competencia de la Audiencia Nacional. Respecto a las dilaciones, la Audiencia afirma que existe "dificultad" para separar la investigación y el eventual enjuiciamiento de los hechos imputados a Castellano respecto al resto.Amaños en incendios
Los delitos que se investigan en esta causa son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos dentro de una organización que, de acuerdo con el instructor, presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios.
El juez de Sagunt remitió los hechos a Madrid al estimar que se habían cometido en el seno de una organización criminal, perdurable en el tiempo, de manera indefinida, que afecta no solo a más de una Audiencia, sino que inclusive dicha organización ha operado fuera del territorio nacional, a saber, Portugal, Chile e Italia.
