El giro político en la Generalitat ha resituado las pancartas. La protesta ha cambiado de color. Y hay un polo que mañana se consolidará como uno de los más activos frente al Consell bipartito. Es la educación privada y concertada, que recorrerá el centro de València en una manifestación de protesta por la supresión del concierto público a 31 aulas de bachillerato. La decisión de la Conselleria de Educación de no renovar la subvención pública para la educación no obligatoria de estos centros ha motivado el segundo gran pulso de la marea concertada y privada al Gobierno autonómico.
El precedente fue la multitudinaria concentración de mayo de 2016 en la Plaza de la Virgen en rechazo al arreglo escolar de la Generalitat. Pero los convocantes lanzaron ayer una advertencia: no quieren que ningún partido instrumentalice esta vez su protesta. Léase el PP. O en menor medida, Ciudadanos.
Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de València (Fcapa), aseguró ayer que van a «procurar que no haya ningún intento de manipulación, como hubo el año pasado, vinculando la manifestación a ninguna opción política. Este movimiento es suficiente amplio para que nadie pueda decir que es un movimiento del PP». De hecho, recalca que no cederán a ningún dirigente político un puesto visible en la marcha. Que vayan donde les toque, como cualquier asistente más. «La gente que salga a protestar no será para hacerle el juego a un partido político, sino para defender sus derechos como ciudadano», recalca Morro.
Lema de la pancarta
La pancarta llevará como lema «Por la libertad de enseñanza». No solo criticarán el decreto de conciertos educativos aprobado por el conseller Vicent Marzà. La manifestación también explicitará el rechazo de la educación privada y concertada a «medidas concretas de la conselleria de Educación como el plurilingüismo, la identidad de género, o la eliminación del distrito único», señala el representante de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de València.
Entre las entidades convocantes figura también USO y la Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, número del artículo de la Constitución que consagra «la libertad de enseñanza». Su portavoz, Javier Sebastián, quiere ampliar el foco. No son solo las 31 aulas que el próximo curso cerrarán por la falta de subvención autonómica. Esto «es el principio de querer exterminar a la concertada», acusa. «En ningún momento queremos enfrentarnos a la enseñanza pública. Son dos modelos que los padres han de poder elegir. Se ha de favorecer la igualdad de oportunidades. Porque aquí hay familias de todos los niveles económicos», defiende Javier Sebastián.
Él secunda el deseo de no politizar el acto. «La educación ha estar por encima de la política, y la libertad debe estar por encima de los políticos», afirma, y pone el acento en las incomodidades que granjeará a las familias que tengan hijos en distintos centros a partir de ahora o en los alumnos, que verán interrumpida su progresión en un centro y según su metodología.
Exigen la derogación
El pulso al Consell ya está echado. En voz baja, los organizadores aspiran a superar los 50.000 asistentes. Reclaman que la conselleria dé marcha atrás. Que derogue el decreto de supresión de unidades. Y que Puig y Marzà «cambien el talante , abandonen las medidas impositivas y se sienten a dialogar, porque Puig no nos recibe desde hace un año y Marzà hay colectivos que no recibe desde julio de 2015», insta Vicente Morro.
El reglamento de conciertos de la Conselleria de Educación reducirá de las 437 unidades concertadas del actual curso a 406.
Algunos colegios están haciendo campaña en internet y las redes sociales a favor de la derogación del decreto.
