El futuro de la concertada entra en una semana clave con el ambiente dividido dentro de este sector de la enseñanza ante la idoneidad de la manifestación del pasado sábado en València contra la política de la Conselleria de Educación. La protesta llega cuando apenas acaba de empezar el período de 10 días de alegaciones en el que patronales y sindicatos negocian con el departamento del conseller Vicent Marzà aminorar el cierre del mayor número de unidades posible previsto en el arreglo o planificación escolar para el próximo curso 2017-18.
La propuesta fue convocada por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) y una plataforma integrada por Ampa de la gran mayoría de los 25 colegios afectados por la supresión de 30 aulas de 1º de Bachillerato para el próximo curso. Lo hicieron sin el respaldo de las dos grandes patronales de la concertada, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) y Escuelas Católicas de la Comunitat (Escacv), así como del sindicato docente que cuenta con la mayoría absoluta en el sector, la Federación Sindical Independiente de Enseñanza (FSIE).
La presión de la presencia en la calle de, según los organizadores, «más de 40.000 personas», dificulta las negociaciones con la conselleria para paliar la supresión de unidades de Bachillerato. Un trabajo que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, pues las 31 aulas inicialmente anunciadas ya se han quedado en 30 al reconsiderar Educación el cierre de una unidad de primero de Bachillerato en el Colegio San Antonio de Padua (Padres Franciscanos) de Carcaixent.
Llamada a la responsabilidad
Ambas patronales guardan silencio para no tensionar más la situación. La FSIE, que apuesta «por agotar todas las vías abiertas de negociación con la conselleria», aunque sí participó en la manifestación emitió el viernes un comunicado «discrepando sobre el procedimiento seguido por los convocantes que no es ni el más eficaz, ni el más responsable si de lo que se trata de lograr una revisión a la baja importante del anuncio provisional de reducción de unidades concertadas».
La confianza en la negociación de patronales y sindicatos parte de la experiencia previa de la voluntad de diálogo del tándem Compromís-PSPV al frente de Educación. Sin ir más lejos, en el arreglo escolar del pasado curso suprimió inicialmente 41 aulas concertadas de Infantil, Primaria y ESO, que tras las alegaciones de los centros se quedaron en 20. A esto hay que restar que se crearon 14 unidades nuevas por crecimiento vegetativo del alumnado, por lo que el balance global fue de apenas 6 unidades concertadas menos que el curso anterior, menos dos si se cuenta únicamente Infantil y Primaria.
Aunque desde el pasado 20 de abril los 24 colegios afectados por la supresión de unidades de 1º de Bachillerato, siete de los cuales dejaran de ofertar esta etapa concertada en dos cursos al perder ahora todas sus unidades de primero, la practica totalidad de ellos recibieron la notificación oficial de la supresión entre el pasado jueves y viernes. Es desde este momento cuando ha empezado a correr el plazo de 10 días para alegaciones.
La clave en la compensatoria
Según ha podido saber Levante-EMV, los servicios jurídicos de las patronales van a basar las alegaciones contra las supresiones en la revisión del alumnado de compensatoria que escolarizan los centros afectados en todas sus etapas. Los escolares con necesidades de compensación educativa son aquellos que presentan dificultades de inserción escolar al encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales. Es decir, familias con pocos recursos, pertenecientes a una minoría étnica o inmigrantes.
El porcentaje de alumnado de compensatoria sobre el total de niños escolarizados en un centro se extrae de los datos de matriculación insertados por los colegios en la plataforma web Itaca de la conselleria. Por esta vía, e incidiendo en el trabajo social que realizan los colegios en barrios desfavorecidos, se espera revertir parte del cierre de unidades, como es el caso los colegios de València La Purísima (Franciscanas) y San Vicente Ferrer (Dominicos), este último con un 6,2 % de alumnado de compensatoria. Sin embargo, otros colegios de la capital del Túria como El Pilar, San José de Calasanz o Sagrado Corazón (Esclavas), tienen difícil acogerse a esta vía al tener apenas un 0,1% de alumnado de compensatoria.
